La nueva alianza contra el “narcoterrorismo” reconfigura la seguridad regional y deja interrogantes por la ausencia de Colombia, México y Brasil
La reciente firma de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y cerca de veinte países de América Latina y el Caribe para coordinar acciones contra organizaciones catalogadas como “narcoterroristas” marca un nuevo capítulo en la estrategia hemisférica contra el crimen organizado. Sin embargo, más allá del anuncio oficial y del discurso sobre cooperación regional, la iniciativa ha despertado interrogantes por un hecho que no pasó desapercibido: la ausencia de tres de los países más influyentes en la lucha contra el narcotráfico en el continente —Colombia, México y Brasil—.
El pacto se concretó durante la conferencia “Américas contra los Cárteles”, realizada en Miami, donde delegaciones de casi veinte países acordaron fortalecer la cooperación en seguridad, el intercambio de inteligencia y el control de fronteras para enfrentar las redes criminales que operan a escala transnacional. En ese escenario, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfatizó que la iniciativa busca consolidar una respuesta coordinada frente al narcotráfico, al que calificó como una amenaza directa para la estabilidad del hemisferio.
Según el funcionario, la expansión de los carteles y su creciente capacidad operativa obligan a los países a reforzar los mecanismos de cooperación en inteligencia y operaciones conjuntas. Hegseth incluso advirtió que Washington podría actuar de manera unilateral si considera que las organizaciones criminales continúan poniendo en riesgo la seguridad regional o la infraestructura crítica. Estas declaraciones, aunque coherentes con la política histórica de seguridad estadounidense, también evidencian el peso geopolítico que Estados Unidos pretende mantener en la conducción de las estrategias antidrogas en el continente.
No obstante, la ausencia de países clave como Colombia, México y Brasil ha generado un debate inevitable entre analistas y expertos en seguridad regional. Estas tres naciones concentran buena parte de las dinámicas relacionadas con el narcotráfico en América Latina, ya sea como territorios de producción, tránsito o impacto directo de las organizaciones criminales. Su exclusión del acuerdo, voluntaria o circunstancial, plantea dudas sobre el alcance real de la estrategia y sobre la posibilidad de construir una política efectiva sin la participación de actores fundamentales.
En el caso colombiano, la ausencia resulta particularmente llamativa. Durante décadas, el país ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente desde la implementación del histórico Plan Colombia, que transformó la cooperación bilateral en materia de seguridad. Por ello, algunos especialistas consideran que la no participación de Bogotá podría reflejar cambios en las prioridades diplomáticas o diferencias en la forma de abordar el fenómeno del narcotráfico, cada vez más vinculado a debates sobre desarrollo rural, política social y enfoques alternativos frente a la guerra contra las drogas.
La situación también es compleja en el caso de México y Brasil. Ambos países enfrentan enormes desafíos internos relacionados con el crimen organizado y los carteles de la droga, cuyas operaciones se han expandido en los últimos años hacia múltiples territorios de la región. Sin su participación, la capacidad de articulación regional podría verse limitada, especialmente en aspectos como el control de rutas de tráfico, la persecución financiera de organizaciones criminales y la cooperación judicial.
Mientras tanto, la alianza sí cuenta con la participación de países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, entre otros. Para estos gobiernos, el acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y acceder a mecanismos de inteligencia que permitan enfrentar con mayor eficacia el avance de organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
Sin embargo, el contexto en el que se produce este pacto también tiene un fuerte componente político. La reunión en Miami se perfila como antesala de una cumbre regional convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien busca reforzar alianzas estratégicas en el hemisferio occidental. En ese sentido, el acuerdo podría interpretarse no solo como una respuesta a las amenazas del narcotráfico, sino también como parte de una estrategia más amplia de reconfiguración geopolítica en América Latina.
En definitiva, la nueva alianza contra el “narcoterrorismo” refleja la persistencia de un desafío que ha marcado la agenda política del continente durante décadas: el poder de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Pero también deja al descubierto las tensiones, prioridades y divergencias que atraviesan a los países de la región cuando se trata de definir cómo enfrentar un problema complejo que combina seguridad, política, economía y cooperación internacional.
El verdadero alcance del acuerdo dependerá, en última instancia, de su capacidad para traducir los compromisos diplomáticos en acciones concretas y sostenibles. Sin la participación activa de las principales potencias regionales, la estrategia podría enfrentar limitaciones significativas. Y en un escenario donde el narcotráfico opera sin fronteras, cualquier esfuerzo de cooperación incompleto corre el riesgo de quedarse corto frente a una amenaza que continúa evolucionando.
#CANAL CORDOBA
