La otra cara del desarrollo: 50 municipios atrapados en la pobreza energética y el desafío pendiente del Estado
Mientras el discurso oficial insiste en los avances del país en materia de cobertura eléctrica y transición energética, una realidad menos visible persiste en amplias zonas del territorio nacional: la pobreza energética sigue afectando a decenas de municipios, revelando una brecha estructural que va más allá del acceso a la electricidad y que compromete seriamente las condiciones de vida de miles de hogares.
De acuerdo con recientes análisis económicos y sociales, 50 municipios de Colombia presentan niveles críticos de pobreza energética, una condición que se manifiesta cuando las familias no pueden acceder de manera constante, segura y asequible a los servicios básicos de energía. No se trata únicamente de tener un medidor instalado, sino de contar con energía suficiente para cocinar, iluminar el hogar, refrigerar alimentos, estudiar, trabajar y garantizar condiciones mínimas de bienestar.
Este fenómeno golpea con mayor fuerza a municipios rurales, dispersos y con altos índices de pobreza multidimensional, donde el acceso a la energía sigue siendo precario, costoso o intermitente. En muchos de estos territorios, la electricidad llega con cortes frecuentes, voltajes inestables o tarifas que resultan desproporcionadas frente a los ingresos familiares. En otros casos, la carencia se traduce en el uso permanente de leña, carbón u otras fuentes contaminantes para cocinar, con consecuencias directas en la salud y el medio ambiente.
La pobreza energética no es un problema aislado ni exclusivamente técnico; es un reflejo directo de las desigualdades territoriales que históricamente han marcado el desarrollo del país. Municipios ubicados en regiones apartadas, con débil infraestructura vial y limitada presencia institucional, suelen quedar rezagados en la planificación de proyectos energéticos, ampliando la distancia entre los centros urbanos y la periferia.
En departamentos como Córdoba, Sucre, Chocó, Vichada y La Guajira, esta situación adquiere una connotación aún más delicada. Allí, la falta de energía confiable impacta de forma directa en la educación —estudiantes que no pueden estudiar en la noche—, en la economía local —pequeños negocios sin capacidad de refrigeración o maquinaria— y en la prestación de servicios básicos como la salud, donde la energía es indispensable para el funcionamiento de equipos médicos.
Paradójicamente, Colombia avanza en grandes proyectos de generación energética y promueve la transición hacia fuentes renovables, mientras una parte significativa de su población sigue excluida de los beneficios reales de esa energía. Esta contradicción plantea un interrogante de fondo: ¿de qué sirve producir más energía si no llega de manera equitativa a quienes más la necesitan?
Desde una perspectiva periodística y social, el debate sobre la pobreza energética obliga a revisar las políticas públicas con una mirada integral. No basta con ampliar redes eléctricas; se requiere una estrategia que contemple tarifas justas, soluciones descentralizadas, energías limpias adaptadas al contexto rural y una presencia estatal sostenida. La energía, en este sentido, debe entenderse como un derecho habilitante del desarrollo y no solo como un servicio comercial.
Expertos coinciden en que combatir la pobreza energética tiene efectos multiplicadores: mejora la salud pública, impulsa la productividad local, fortalece la educación y reduce las brechas sociales. Sin embargo, mientras 50 municipios sigan atrapados en esta condición, el crecimiento económico del país continuará siendo desigual y fragmentado.
El reto está planteado. La pobreza energética no es una cifra fría en un informe; es una realidad cotidiana que limita oportunidades y profundiza la exclusión. Superarla exige decisiones políticas firmes, inversión focalizada y un compromiso real con los territorios históricamente olvidados. Solo así la energía podrá convertirse en un verdadero motor de desarrollo y no en un privilegio reservado para unos pocos.
