La reforma que no pasó el filtro político: el Congreso frena de nuevo el cambio al sistema de salud y abre un vacío de rumbo
El hundimiento, por segunda vez, de la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Senado de la República no es un simple episodio legislativo más. Es una señal clara del choque entre un proyecto político que prometió transformaciones estructurales y una realidad parlamentaria fragmentada, desconfiada y marcada por profundas diferencias sobre cómo debe funcionar uno de los sistemas más sensibles del Estado colombiano.
La decisión tomada en la Comisión Séptima del Senado refleja, en primer lugar, la incapacidad del Gobierno para construir mayorías sólidas alrededor de su propuesta. Pese a los ajustes introducidos tras el primer revés y a los reiterados llamados al diálogo, la reforma no logró disipar los temores de sectores políticos que consideran que el proyecto generaba más incertidumbre que soluciones. La falta de consensos técnicos y políticos terminó pasando factura en el escenario donde se definen los proyectos de alto impacto social.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el archivo del proyecto es interpretado como un bloqueo político. Para el oficialismo, el Congreso actuó más como un muro de contención que como un espacio de deliberación profunda, aplazando el debate hasta el límite del calendario legislativo y cerrando la puerta a una discusión de fondo en plenaria. Este discurso refuerza la narrativa de un Gobierno que se siente aislado frente a un Legislativo que, según sus voceros, protege intereses enquistados en el actual modelo de salud.
Sin embargo, desde el otro lado del debate, los senadores que votaron por hundir la iniciativa sostienen que la reforma adolecía de vacíos estructurales. Señalan dudas sobre su sostenibilidad financiera, la transición institucional propuesta y el riesgo de afectar la continuidad en la prestación de servicios. En un país donde millones de ciudadanos ya enfrentan demoras en citas, escasez de medicamentos y barreras de acceso, cualquier reforma que genere incertidumbre despierta resistencia, incluso entre quienes reconocen que el sistema necesita cambios profundos.
El choque de argumentos pone en evidencia un problema mayor: la dificultad histórica de Colombia para reformar su sistema de salud sin caer en la polarización. Mientras el Gobierno plantea una transformación con un fuerte énfasis en lo público y territorial, sus opositores advierten que desmontar abruptamente el modelo vigente podría agravar las fallas existentes. En medio de esa disputa, el paciente —el ciudadano de a pie— queda relegado a un segundo plano, atrapado entre discursos ideológicos y cálculos políticos.
El nuevo archivo de la reforma también tiene implicaciones políticas de largo alcance. Representa una de las derrotas más simbólicas del proyecto de gobierno de Gustavo Petro y refuerza la percepción de un Ejecutivo con serias dificultades para sacar adelante su agenda legislativa. En un contexto preelectoral, este resultado reconfigura el tablero político y fortalece a sectores que apuestan por un cambio de rumbo en 2026.
Más allá de vencedores y vencidos, el hundimiento deja una pregunta incómoda: ¿qué sigue para la salud en Colombia? El sistema actual continúa mostrando señales de desgaste, pero la falta de acuerdos impide avanzar hacia una solución estructural. Mantener el statu quo tampoco parece una alternativa sostenible, pero reformar sin consensos amplios ha demostrado ser políticamente inviable.
En conclusión, el fracaso de la reforma a la salud no es solo una derrota del Gobierno, sino una muestra de las limitaciones del sistema político para responder a los problemas estructurales del país. Mientras el Congreso y el Ejecutivo se enfrentan en un pulso de poder, millones de colombianos siguen esperando un sistema de salud que funcione mejor. La discusión, lejos de cerrarse con este archivo, queda abierta y pendiente, con el riesgo de que el costo de la parálisis lo sigan pagando los ciudadanos.
