A devolver tierras en Valencia, Grupo Solari, filial de Falabella, Homcenter y Jumbo.

Una Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó a la empresa Reforestadora del Sinú, filial en Colombia del Grupo Solari —accionista de cadenas como Falabella, Jumbo y Homecenter— devolver 264 hectáreas del predio La Liboriana, ubicado en el municipio de Valencia, Córdoba. La decisión se tomó al concluir que la adquisición del terreno se realizó en un entorno marcado por violencia armada y despojo.
El predio, comprado en 2011 por COP 1.171 millones, se encuentra en el corregimiento de Jaraguay, zona que durante décadas fue escenario de acciones de las FARC y grupos paramilitares. De acuerdo con el fallo, la empresa no desplegó la debida diligencia para revisar el historial del territorio ni consideró la condición de víctima del reclamante, Ramiro Cabrales Hodeg, quien compró La Liboriana en 1986 y cuyo caso fue reconocido por la justicia en el marco de la Ley de Restitución de Tierras.
El tribunal cuestionó además que la transacción involucrara a Rafael Argumedo Figueroa y Claudio Sánchez Prada, dos intermediarios mencionados en procesos judiciales relacionados con presunto lavado de activos y vínculos con estructuras paramilitares. Aunque ambos fueron investigados y posteriormente absueltos o favorecidos por la prescripción de sus casos, los magistrados señalaron que su participación debía haber generado alertas adicionales durante la compra.
Reforestadora del Sinú manifestó ante la justicia que su proceso de adquisición de tierras sigue estándares estrictos: revisión de títulos, evaluación técnica del suelo y pagos trazables. Señaló, además, que actúa con recursos de un grupo empresarial internacional que exige controles de origen de fondos y que todas sus transacciones se realizan de buena fe y dentro de los parámetros legales.
Sin embargo, para el tribunal, la llegada de la compañía a Córdoba en 2010 motivada por incentivos gubernamentales no justifica la ausencia de verificaciones más profundas en un territorio históricamente afectado por despojo y desplazamiento. Los magistrados concluyeron que la empresa desestimó la complejidad del contexto local y los antecedentes de violencia que pesaban sobre La Liboriana.
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