Menos semanas, mismo retiro: la reforma pensional abre camino a la equidad de género, pero plantea retos fiscales
La reciente reforma al sistema pensional en Colombia, consagrada en la Ley 2381 de 2024, introduce uno de los cambios más significativos de las últimas décadas: la reducción progresiva de semanas cotizadas para las mujeres. La medida, que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la pensión, plantea al mismo tiempo un debate de fondo sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
Actualmente, tanto hombres como mujeres deben cumplir con 1.300 semanas de cotización para acceder a una pensión de vejez. Sin embargo, la nueva normativa establece que este requisito disminuirá gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036 para las mujeres, sin modificar la edad de jubilación, que se mantiene en 57 años, frente a los 62 años exigidos a los hombres, tal como lo definió la Ley 100 de 1993.
Desde una perspectiva periodística, esta reforma responde a una realidad estructural: la desigualdad en la trayectoria laboral de las mujeres. Factores como la informalidad, la maternidad, el trabajo de cuidado no remunerado y las interrupciones en la vida laboral han dificultado históricamente que muchas mujeres logren cumplir con los requisitos pensionales. En este contexto, la reducción de semanas y el reconocimiento de semanas por cada hijo representan un intento del Estado por corregir una inequidad persistente.
No obstante, el alcance de la medida va más allá de un ajuste técnico. Se trata de una decisión con implicaciones sociales y económicas profundas. Por un lado, permitirá que un mayor número de mujeres acceda a una pensión, reduciendo su vulnerabilidad en la vejez. Por otro, introduce nuevas presiones sobre un sistema que ya enfrenta desafíos financieros derivados del envejecimiento poblacional y la baja densidad de cotización.
El mecanismo de reducción progresiva —que disminuye aproximadamente 25 semanas por año— busca evitar un impacto abrupto en el sistema. Sin embargo, expertos advierten que la combinación de menos aportes acumulados y un mayor número de beneficiarias podría incrementar el costo fiscal en el mediano y largo plazo. En otras palabras, el avance en equidad podría venir acompañado de tensiones en la sostenibilidad.
Este dilema no es exclusivo de Colombia. En varios países, las reformas pensionales han tenido que equilibrar dos objetivos que a menudo entran en conflicto: garantizar cobertura y mantener la viabilidad financiera. En el caso colombiano, el desafío será aún mayor debido a las condiciones del mercado laboral, donde la informalidad sigue limitando el número de cotizantes activos.
Otro elemento clave es que la edad de jubilación no fue modificada. Mantener los 57 años para mujeres ha sido interpretado como una decisión política orientada a preservar derechos adquiridos, pero también ha generado cuestionamientos. Algunos analistas consideran que, en un contexto de mayor esperanza de vida, este factor podría aumentar la presión sobre el sistema al prolongar el tiempo de pago de las pensiones.
En el fondo, la reforma pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la protección social. ¿Debe priorizarse la equidad, incluso si implica mayores costos fiscales? ¿O es necesario ajustar otros componentes del sistema para garantizar su sostenibilidad? La respuesta probablemente no se encuentre en una sola medida, sino en un conjunto de políticas complementarias que incluyan mayor formalización laboral, incentivos al ahorro y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento.
En conclusión, la reducción de semanas para las mujeres marca un avance importante en la búsqueda de justicia social dentro del sistema pensional colombiano. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del país para equilibrar este logro con la estabilidad financiera del sistema. La reforma no cierra el debate; por el contrario, lo profundiza en un momento en el que Colombia debe definir cómo garantizar pensiones dignas sin comprometer su futuro económico.
#CANAL CORDOBA
