Muerte de niño con hemofilia desata investigación contra la Nueva EPS y reabre debate sobre fallas en el sistema de salud
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un menor diagnosticado con hemofilia que falleció tras un accidente en bicicleta, se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la responsabilidad del sistema de salud y la continuidad en la entrega de medicamentos de alto costo. La Fiscalía General de la Nación confirmó que abrió una investigación para determinar si existió responsabilidad penal o administrativa por parte de la Nueva EPS en el manejo del caso.
El proceso estará a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida, quien recopilará la historia clínica del menor, la documentación relacionada con la enfermedad, los registros de entrega de medicamentos y el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El objetivo es establecer si hubo omisiones que pudieran configurar un delito o una falla administrativa.
Kevin sufrió un trauma craneoencefálico severo tras caer desde aproximadamente 1,5 metros mientras montaba bicicleta en un polideportivo. Según el comunicado oficial de la EPS, el menor ingresó el 8 de febrero a un centro asistencial con pérdida transitoria de la conciencia, somnolencia, episodios de desorientación, otorrea y epistaxis. La entidad sostuvo que el evento determinante de la muerte fue el trauma craneoencefálico accidental que derivó en hemorragia intracraneal, edema cerebral difuso y posterior muerte encefálica.
Sin embargo, el caso trasciende el accidente. La madre denunció que su hijo no había recibido durante dos meses el medicamento Emicizumab, que debía aplicarse cada 28 días como parte de la profilaxis para controlar la hemofilia, enfermedad que provoca sangrados excesivos ante lesiones. Según su versión, la interrupción del tratamiento agravó las consecuencias del golpe.
La Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno debido a problemas financieros y fallas en la prestación del servicio, aseguró que la última dosis fue aplicada el 14 de diciembre de 2025 y que la siguiente estaba programada para enero de 2026. También explicó que la madre solicitó un proceso de portabilidad del municipio de Pitalito (Huila) a Charalá (Santander), lo que implicó la gestión del tratamiento con un nuevo prestador, INTEGRAL SOLUTIONS, con cita agendada para el 27 de enero. Posteriormente, según la entidad, la madre habría solicitado la terminación del trámite.
El punto crítico radica en determinar si la transición entre proveedores —tras la finalización del convenio con Medicarte y la firma de un nuevo acuerdo con Integración Solux— generó una interrupción efectiva en la entrega del medicamento. Si se confirma una falla en la continuidad del tratamiento, el debate podría trascender el caso particular y convertirse en un símbolo de las debilidades estructurales del sistema.
Desde una perspectiva periodística, el caso pone en evidencia tres dimensiones sensibles: la vulnerabilidad de pacientes con enfermedades huérfanas o de alto costo, la fragilidad administrativa en los procesos de portabilidad y contratación, y la responsabilidad institucional en contextos de intervención estatal. La hemofilia, por sí sola, no impide una vida activa, como lo expresó la madre del menor; el riesgo se multiplica cuando la atención médica no es constante.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, añadieron un componente político a la controversia, en un momento en que el país discute reformas estructurales al sistema sanitario. El desenlace judicial de este caso podría influir en ese debate, especialmente si se establecen responsabilidades claras.
Más allá de la confrontación pública entre versiones, la investigación deberá responder una pregunta central: ¿la muerte fue consecuencia exclusiva de un accidente fortuito o existieron fallas en la prestación del servicio que agravaron el desenlace? La respuesta no solo determinará eventuales sanciones, sino que pondrá a prueba la capacidad del Estado para garantizar continuidad y oportunidad en tratamientos vitales.
Mientras tanto, el caso de Kevin Acosta se convierte en un espejo incómodo de las tensiones del sistema de salud colombiano, donde la línea entre la tragedia inevitable y la negligencia institucional puede ser tan delgada como determinante.
#CANAL CORDOBA
