Multas por más de $35.700 millones impuso la Superservicios a empresas de servicios públicos en 2025
Durante 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a empresas prestadoras de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo con multas que superan los $35.715 millones, tras detectar incumplimientos a la normatividad vigente y vulneraciones a los derechos de los usuarios en distintas regiones del país.
De acuerdo con la entidad, las sanciones hacen parte de los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados a lo largo del año, y buscan corregir fallas en la prestación de los servicios y garantizar condiciones de calidad, eficiencia y continuidad.
El mayor monto de las multas se concentró en los sectores de energía eléctrica y gas, con sanciones que superaron los $21.712 millones. En energía eléctrica se impusieron cinco sanciones, incluida una amonestación, y se confirmaron multas por $7.594 millones relacionadas con incumplimientos en indicadores de calidad, fallas en el servicio, vulneraciones al debido proceso de los usuarios y falta de reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).
En el sector del gas, la Superintendencia aplicó 12 sanciones por un total de $14.118 millones, principalmente por incumplimientos en el mercado mayorista de gas natural, fallas técnicas, vulneraciones al debido proceso e irregularidades en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Por su parte, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo acumularon multas por más de $14.000 millones. En acueducto y alcantarillado, las sanciones superaron los $7.526 millones, debido a problemas como la falta de medición del consumo, errores en la facturación, incumplimientos en la metodología tarifaria y deficiencias en la calidad del agua potable. En el servicio de aseo, las multas ascendieron a $6.475 millones, asociadas a fallas técnicas, incumplimientos en la actividad de aprovechamiento, ausencia de permisos ambientales y reportes incompletos al SUI.
La Superintendencia reiteró que estas actuaciones tienen como objetivo proteger a los usuarios y asegurar que las empresas prestadoras cumplan con la regulación, ofreciendo servicios públicos en condiciones adecuadas para la ciudadanía.
