Murió esperando medicamentos: el caso de Cecilia Quintero reabre el debate sobre las fallas en la entrega de tratamientos
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar sus medicamentos, ha generado indignación y cuestionamientos sobre las demoras en la entrega de tratamientos médicos a pacientes crónicos en Colombia.
Cecilia, enfermera pensionada y residente en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, además de afecciones cardíacas. Según su hijo, Edinson Rojas, aunque su madre se mantenía estable cuando recibía sus tratamientos de manera regular, desde diciembre de 2025 prácticamente no le estaban entregando los medicamentos necesarios para controlar sus patologías.
El día de su fallecimiento, Cecilia viajó desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar los fármacos pendientes y otros insumos médicos. Mientras esperaba en la fila del dispensario, su estado de salud se deterioró hasta que finalmente colapsó. La escena no solo dejó a una familia devastada, sino que volvió a poner bajo la lupa la eficiencia del sistema de suministro de medicamentos.
Su hijo ha denunciado que, tras el fallecimiento, la familia no ha recibido explicaciones formales. Según afirma, la única comunicación emitida por Cafam fue un mensaje en redes sociales anunciando una investigación interna, sin contacto directo con los allegados. La ausencia de respuestas claras alimenta la percepción de abandono institucional que, para muchos pacientes, se suma a la carga de sus enfermedades.
El caso no puede analizarse como un hecho aislado. Las demoras en la entrega de medicamentos, especialmente para personas con enfermedades crónicas, se han convertido en una problemática recurrente en diversas regiones del país. Pacientes renales, cardíacos, oncológicos o con patologías de alto costo dependen de tratamientos continuos cuya interrupción puede tener consecuencias graves o irreversibles.
En el hogar de Cecilia la vulnerabilidad era múltiple. Su esposo es hipertenso y ha sido operado del corazón; su hijo se encuentra en silla de ruedas. En ese contexto, la falta de acceso oportuno a medicamentos no es solo una falla administrativa: es un riesgo directo para la vida y la estabilidad de familias enteras.
Desde una perspectiva periodística y social, el caso plantea preguntas estructurales: ¿están funcionando los mecanismos de control y seguimiento en la dispensación de medicamentos? ¿Existen protocolos eficaces para priorizar a pacientes con condiciones críticas? ¿Quién asume la responsabilidad cuando las demoras coinciden con desenlaces fatales?
El derecho a la salud en Colombia tiene rango constitucional y ha sido ampliamente protegido por la jurisprudencia. Sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad cotidiana se evidencia cuando pacientes deben recorrer largas distancias, soportar extensas filas o regresar varias veces sin obtener los tratamientos formulados.
La investigación que se anuncie deberá esclarecer si hubo fallas específicas en la atención, en la logística de suministro o en la gestión administrativa. Pero más allá de la responsabilidad puntual, el caso de Cecilia Quintero refleja una tensión persistente entre la promesa del sistema de salud y su capacidad real de respuesta.
Mientras las autoridades revisan lo ocurrido, una familia exige respuestas y el país vuelve a preguntarse cuántas vidas quedan expuestas cuando un medicamento no llega a tiempo. La muerte de Cecilia no solo es una tragedia personal; es también un llamado urgente a revisar las garantías efectivas del derecho a la salud en Colombia.
#CANAL CORDOBA
