Un embargo es una medida legal para retener bienes o dinero de una persona con el fin de asegurar el pago de una deuda incumplida. En Colombia, esta figura aplica a salarios, cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y, en algunos casos, puede llevar a la venta de estos bienes para saldar obligaciones pendientes.
La nueva Ley 2540 de 2025, que entrará en vigor el 27 de febrero de 2026, introduce el arbitraje ejecutivo para agilizar los procesos de embargo. Este mecanismo permite que árbitros especializados —y no jueces— ordenen los embargos, siempre que los contratos contemplen una cláusula compromisoria que habilite este procedimiento. Hasta ahora, solo los jueces estaban autorizados, lo que generaba largas demoras debido a la congestión judicial.
El arbitraje ejecutivo será institucional y aplicable a diversos tipos de procesos, incluyendo los relacionados con créditos hipotecarios, salvo excepciones en viviendas de interés social o con menores. Los procesos tendrán un tiempo máximo de 12 meses, y se regularán honorarios, gastos, medidas cautelares y administración de bienes embargados.
En cuanto a montos, el límite inembargable para cuentas de ahorro durante 2024-2025 es de $52.385.727, implicando que solo el excedente pueda ser embargado. Las cuentas corrientes no tienen este beneficio. Además, están protegidos bienes como el salario mínimo legal vigente, ropa y utensilios personales, y bienes de familia, con excepción de deudas alimenticias que permiten embargar hasta el 50% del salario mínimo.
Desde ahora, los contratos pueden incluir la cláusula que permite el arbitraje ejecutivo en caso de incumplimiento. Se recomienda a los ciudadanos revisar cuidadosamente los acuerdos que firman para conocer sus derechos y obligaciones bajo esta nueva modalidad.
