Nueva polémica en MinIgualdad: cuestionan idoneidad del nuevo ministro y reavivan debate sobre el futuro de la cartera
El Ministerio de la Igualdad vuelve a quedar en el centro del debate público, esta vez por la designación de Luis Alfredo Acosta Zapata como su nuevo titular. La decisión, adoptada por el Gobierno nacional tras la salida de Juan Carlos Florián, ha desatado una oleada de críticas por la falta de formación académica y experiencia administrativa del nuevo ministro, en un contexto en el que la cartera ya enfrentaba cuestionamientos por su bajo desempeño y su incierto futuro jurídico.
Acosta Zapata, líder de la Guardia Indígena y bachiller de formación, asume la conducción de un ministerio que maneja recursos públicos y define políticas orientadas a reducir brechas sociales históricas. Su hoja de vida registra experiencia como coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), pero no cuenta con trayectoria en cargos públicos de alto nivel ni con estudios profesionales, un hecho que ha sido señalado por sectores políticos y académicos como una señal de improvisación en la conformación del gabinete.
Las críticas no se han hecho esperar. Desde el Congreso, la representante Katherine Miranda fue enfática al advertir que el Ministerio de la Igualdad “no es una figura simbólica”, sino una entidad con responsabilidades fiscales y administrativas que impactan a millones de ciudadanos. Para sus detractores, la designación refuerza la percepción de que el Gobierno prioriza criterios políticos y representativos por encima de la idoneidad técnica, especialmente en una cartera que aún busca consolidarse institucionalmente.
El relevo en el Ministerio se da, además, en medio de un historial marcado por la inestabilidad. Antes de Acosta, la cartera estuvo en manos de Juan Carlos Florián, cuya gestión también generó controversia, y previamente fue liderada por el antropólogo Carlos Rosero durante apenas cinco meses, tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez, impulsora del proyecto y una de las principales banderas sociales del actual Gobierno. Paradójicamente, Márquez también ha sido cuestionada por sectores afrodescendientes, que consideran insuficiente su representación dentro del Ministerio.
A estas tensiones se suma un problema estructural: la baja ejecución presupuestal. Informes oficiales y análisis independientes han señalado que MinIgualdad no ha logrado traducir sus ambiciosos objetivos en políticas efectivas, lo que ha debilitado su legitimidad frente a la opinión pública y ha alimentado el discurso de que la entidad fue creada sin una planeación clara.
El panorama se torna aún más complejo tras la decisión de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la creación del Ministerio en 2023, aunque permitió su funcionamiento hasta el final del actual mandato presidencial. Este fallo dejó a la cartera con una fecha de caducidad definida y abrió un debate sobre la pertinencia de realizar nuevos nombramientos de alto nivel en una institución con “los días contados”.
En este escenario, la llegada de Luis Alfredo Acosta Zapata no solo plantea interrogantes sobre su capacidad para liderar una entidad de alta complejidad técnica, sino que también reaviva la discusión sobre el rumbo del Ministerio de la Igualdad y el legado que dejará al cierre del Gobierno. Para sus críticos, el nombramiento confirma una gestión marcada por la improvisación; para sus defensores, representa un intento por dar voz directa a sectores históricamente excluidos del poder.
Lo cierto es que MinIgualdad enfrenta uno de sus momentos más delicados. Con cuestionamientos políticos, limitaciones jurídicas y desafíos administrativos, la cartera se convierte en un reflejo de las tensiones entre representación social, eficiencia institucional y responsabilidad en el manejo de lo público, un debate que seguirá abierto hasta el final del actual periodo presidencial.
#CANAL CORDOBA
