Nueva rebaja a la gasolina en marzo reabre debate sobre sostenibilidad fiscal y alivio al bolsillo

El precio de la gasolina en Colombia volverá a bajar a partir del 1 de marzo de 2026. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al anunciar una reducción cercana a $500 por galón, lo que dejaría el valor promedio en las 13 principales ciudades del país en aproximadamente $15.057. La decisión, que se suma a un ajuste similar aplicado en febrero, consolida una tendencia de disminuciones graduales que buscan mitigar el impacto económico sobre los ciudadanos sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
La medida se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene bajo revisión permanente la estructura de precios de los combustibles, teniendo en cuenta variables fiscales, el comportamiento del mercado internacional del petróleo y la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo creado para amortiguar las fluctuaciones externas y evitar choques abruptos en el mercado interno. Según el Ministerio de Hacienda, el ajuste proyectado hace parte de un proceso ordenado que busca equilibrar el alivio ciudadano con la disciplina fiscal.
Aunque el anuncio representa un respiro para millones de conductores y sectores productivos que dependen del transporte terrestre, el debate de fondo trasciende el simple valor en las estaciones de servicio. La gasolina ha sido uno de los componentes que más inciden en la inflación, en los costos logísticos y en la percepción general del costo de vida. Por ello, cada variación en su precio tiene repercusiones directas en la economía cotidiana, desde el transporte público hasta el precio final de bienes básicos.
Con la rebaja prevista, Villavicencio continuaría encabezando la lista de ciudades con el combustible más costoso, con un valor cercano a $15.591 por galón. Le seguirían Cali y Bogotá, con precios estimados de $15.502 y $15.491, respectivamente. Manizales y Pereira completarían el grupo de capitales con tarifas más elevadas, todas por encima de los $15.400. Estas diferencias obedecen principalmente a factores logísticos, costos de transporte y particularidades regionales en la cadena de distribución.
En contraste, Pasto y Cúcuta se mantendrían como las ciudades con los precios más bajos, ubicándose alrededor de $13.247 y $13.400 por galón. Estas variaciones regionales reflejan la complejidad estructural del mercado de combustibles en Colombia, donde la ubicación geográfica y los incentivos fronterizos influyen de manera significativa en el precio final.
Desde una perspectiva fiscal, el desafío del Gobierno radica en sostener esta política de reducciones sin generar un nuevo desbalance en el FEPC, que en años anteriores acumuló un déficit considerable. La estrategia actual apunta a ajustes progresivos, evitando decisiones abruptas que puedan comprometer la sostenibilidad presupuestal o generar incertidumbre en los mercados.
Más allá del impacto inmediato en el bolsillo, la reducción plantea interrogantes sobre el rumbo de la política energética del país. En un escenario global donde la transición hacia energías limpias gana terreno, el manejo de los precios de los combustibles fósiles continúa siendo un tema sensible que combina variables económicas, sociales y ambientales.
La entrada en vigor del nuevo precio, prevista para el primer día de marzo como es habitual en Colombia, marcará el tono económico del mes y servirá como termómetro de la estrategia gubernamental frente al costo de vida. Si bien la rebaja es moderada, su efecto acumulado —tras dos reducciones consecutivas— envía un mensaje de ajuste controlado que busca responder a la presión ciudadana sin sacrificar el equilibrio macroeconómico.
En definitiva, la disminución proyectada representa un alivio tangible, pero también evidencia la delicada línea que debe recorrer el Gobierno entre la responsabilidad fiscal y la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los colombianos.
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