Ocho peajes exceden alza autorizada por el Gobierno; hay diálogo con concesionarios

El presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno Nacional ha autorizado un incremento del 2.78% en las tarifas de peajes, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023.
Sin embargo, denunció que ocho peajes, administrados por seis concesiones diferentes, han aplicado aumentos mayores, justificándose en contratos firmados en 2014 que calificó como “mal hechos y leoninos”.
“Esto no puede ser y he pedido, inicialmente, diálogo con esos concesionarios. En abril, de acuerdo con la tendencia inflacionaria, que esperamos sea del 3%, realizaremos un estudio concertado para recuperar la inflación causada”, señaló el mandatario.
Acciones del Ministerio de Transporte
La ministra de Transporte destacó los esfuerzos del Gobierno para abordar la problemática de los peajes, que considera compleja debido a las tarifas, la cantidad de peajes y su ubicación. “Desde que llegamos al Gobierno hemos enfrentado esta situación. Hemos otorgado tarifas diferenciales en 26 peajes y suspendido cobros en casos como Papiros, Turbaco y San Luis de Gaceno mientras logramos acuerdos”, indicó.
Asimismo, explicó que tras la suspensión decretada en enero de 2023 y la mejora de las condiciones económicas del país, el Gobierno ha diseñado estrategias para normalizar las tarifas con ajustes anuales basados en el IPC.
Incrementos programados
El 1 de enero se aplicó un alza del 2.78% correspondiente al IPC de 2023. Para el 1 de abril, se espera un aumento adicional del 1.85%, junto con el ajuste correspondiente a la inflación de 2024 que determine el DANE.
Estado actual de los peajes
En Colombia existen 150 peajes en carreteras nacionales, de los cuales 31 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y 119 son gestionados por concesionarios privados.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha mantenido reuniones con los concesionarios durante los últimos meses, buscando alternativas ante los aumentos establecidos en los contratos.
Este martes, el presidente Petro citará a la ANI y a las concesionarias para evaluar la situación y tomar decisiones al respecto.
El Gobierno reiteró su compromiso de revisar los contratos firmados en 2014, considerados perjudiciales para el país, y buscar soluciones que beneficien tanto a los usuarios como al desarrollo de la infraestructura vial nacional.