Operativo militar en El Retorno golpea a disidencias y evidencia escalada de violencia rural en Guaviare
Un operativo de las Fuerzas Militares de Colombia en zona rural del municipio de El Retorno volvió a poner en el centro del debate la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento del Guaviare. La acción, dirigida contra estructuras de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, dejó como saldo preliminar tres uniformados heridos, cuatro presuntos integrantes del grupo armado neutralizados, varias capturas y el rescate de dos menores de edad.
Según la información oficial, el bombardeo estuvo enfocado en la subestructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas, una de las facciones que mantiene presencia en la región y que ha sido señalada como protagonista de la reciente escalada de homicidios en zonas campesinas. La operación se enmarca en las estrategias del Estado para contener el aumento de la violencia en áreas rurales, donde la disputa entre estructuras ilegales ha recrudecido en las últimas semanas.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que los asesinatos en Guaviare se concentran en el campo, donde operan grupos armados ilegales. Citando datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), indicó que el homicidio rural aumentó 45 % frente al año anterior, presuntamente por enfrentamientos entre hombres de alias Mordisco y alias Calarcá, otra estructura disidente que busca ampliar su control territorial.
Desde una perspectiva periodística, el operativo refleja dos realidades paralelas. Por un lado, la capacidad operativa del Estado para golpear objetivos estratégicos en enclaves históricamente dominados por economías ilícitas y estructuras armadas. Por otro, la persistencia de un escenario de fragmentación criminal que ha convertido a regiones como Guaviare en epicentro de disputas violentas por corredores estratégicos y control social.
El rescate de dos menores de edad, quienes quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vuelve a encender las alarmas sobre el reclutamiento forzado, una práctica que, pese a los acuerdos de paz y los compromisos internacionales del Estado, sigue afectando a comunidades vulnerables. La presencia de menores en estructuras armadas no solo constituye una violación grave de derechos humanos, sino que evidencia la precariedad social en zonas donde la oferta institucional sigue siendo limitada.
En el plano militar, la neutralización de cuatro presuntos integrantes de la subestructura representa un golpe táctico. Sin embargo, analistas en seguridad advierten que este tipo de acciones, aunque necesarias para restablecer el orden, no resuelven por sí solas la dinámica estructural del conflicto en regiones periféricas. La confrontación entre facciones disidentes responde a intereses económicos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas que alimentan la violencia.
La situación en Guaviare permanece bajo seguimiento permanente de las autoridades, mientras se intensifican las operaciones para frenar la expansión de estos grupos. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos que se les atribuyen, en un contexto en el que la institucionalidad enfrenta el desafío de garantizar seguridad sin agravar la afectación a la población civil.
En definitiva, el operativo en El Retorno no solo es un hecho militar aislado, sino un reflejo de la tensión persistente entre la acción estatal y la recomposición de actores armados ilegales en territorios históricamente golpeados por el conflicto. La pregunta de fondo sigue siendo si el despliegue de fuerza vendrá acompañado de inversión social sostenida y presencia integral del Estado, condiciones indispensables para que la seguridad sea duradera y no episódica.
#CANAL CORDOBA
