Operativos en cárceles buscan blindar elecciones y frenar redes de extorsión desde las celdas
A pocos días de las elecciones legislativas previstas para este domingo 8 de marzo, las autoridades penitenciarias del país intensificaron los operativos de control en los centros de reclusión con el objetivo de evitar que estructuras criminales continúen operando desde el interior de las cárceles. Las revisiones masivas, realizadas de manera simultánea en diferentes establecimientos penitenciarios, dejaron al descubierto la magnitud de las economías ilegales que aún persisten tras los muros de las prisiones.
De acuerdo con el balance preliminar entregado por el sistema penitenciario hacia las 7:00 de la mañana, los guardias lograron incautar 241 teléfonos celulares, 610 componentes tecnológicos, 280 chips telefónicos y más de dos millones de pesos en efectivo. Además, fueron hallados 12.363 gramos de sustancias narcóticas, 1.275 litros de bebidas alcohólicas y 264 elementos cortopunzantes que representaban un riesgo para la seguridad interna de los penales.
Las autoridades advierten que estos hallazgos evidencian cómo las cárceles continúan siendo utilizadas por organizaciones criminales para coordinar delitos, particularmente extorsiones telefónicas dirigidas a ciudadanos en distintas regiones del país. A través de llamadas intimidatorias, los delincuentes buscan obtener dinero mediante amenazas, una práctica que se ha convertido en una de las modalidades delictivas más frecuentes y difíciles de rastrear para los organismos de seguridad.
Uno de los operativos más significativos se desarrolló en el establecimiento penitenciario femenino El Buen Pastor, en Bogotá, donde más de 60 uniformados realizaron inspecciones exhaustivas en dormitorios, pasillos y áreas comunes. En este centro carcelario residen cerca de 1.680 internas, por lo que la intervención se desarrolló con un fuerte componente logístico y bajo estrictos protocolos de seguridad.
El Gobierno Nacional ordenó estas jornadas de registro y control como parte de las estrategias para garantizar la transparencia y tranquilidad del proceso democrático. Según fuentes oficiales, existe preocupación por la posible influencia de redes criminales que, desde prisión, podrían intentar interferir en la jornada electoral mediante intimidaciones, campañas de desinformación o presiones a votantes en distintas regiones.
Expertos en seguridad coinciden en que los resultados de estos operativos reflejan una problemática estructural del sistema penitenciario colombiano: la persistencia de redes ilegales que logran mantener comunicación con el exterior a pesar de las restricciones. La circulación de teléfonos y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles demuestra que, además de las acciones de control, se requieren medidas tecnológicas y administrativas más robustas para bloquear las comunicaciones ilícitas.
En ese contexto, analistas sostienen que la lucha contra la criminalidad organizada no puede limitarse únicamente a los operativos de incautación. También es necesario fortalecer los mecanismos de inteligencia penitenciaria, modernizar los sistemas de inhibición de señal y reforzar la supervisión interna para evitar que los centros de reclusión se conviertan en centros de operación delictiva.
A medida que se acerca la jornada electoral, las autoridades reiteran que el objetivo principal es garantizar que el proceso democrático se desarrolle sin presiones ni amenazas provenientes de estructuras criminales. Sin embargo, los resultados de las requisas también dejan una señal clara: el desafío de recuperar el control total de las cárceles sigue siendo una tarea pendiente para el Estado colombiano.
#CANAL CORDOBA
