Parálisis en la FLA: el nuevo impuesto a licores congela ventas y pone en jaque las finanzas de Antioquia
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las empresas públicas más emblemáticas y rentables del país, enfrenta uno de los comienzos de año más críticos de su historia reciente. A punto de concluir enero, la licorera no ha logrado facturar ni una sola de las 3,7 millones de botellas de aguardiente y ron que tenía proyectadas para comercializar en Antioquia y otros departamentos, un hecho sin precedentes que encendió las alarmas en el sector empresarial y en las finanzas públicas regionales.
La situación fue confirmada por el gerente de la entidad, Esteban Ramos Maya, quien atribuyó la parálisis total de las ventas al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional a finales de diciembre, mediante el cual se incrementó el impuesto al consumo de licores con el argumento de fortalecer la financiación del sistema de salud. Aunque el objetivo fiscal de la medida apunta a aumentar los ingresos del Estado, sus efectos inmediatos han sido un frenazo absoluto en la cadena de comercialización.
Según explicó el directivo, el decreto generó una profunda incertidumbre entre distribuidores y mayoristas, que decidieron suspender la compra de productos hasta tener claridad sobre los nuevos precios finales. El impacto no es menor: el ajuste tributario podría traducirse en un aumento cercano a los 20.000 pesos en la presentación de 750 mililitros, un golpe directo al bolsillo del consumidor que ha congelado la dinámica del mercado.
“Hoy, a la fecha, puedo decirle que no hemos facturado una sola botella. Los distribuidores están esperando qué pasa con los precios y nosotros también aguardamos la decisión de la Corte Constitucional. Creemos que este decretazo es inconstitucional”, afirmó Ramos Maya, dejando en evidencia el choque frontal entre la política fiscal del Gobierno y la operación de una empresa que históricamente ha sido pilar del financiamiento regional.
La parálisis comercial no solo afecta a la FLA como empresa, sino que tiene un impacto directo sobre los recursos públicos del departamento. De acuerdo con las estimaciones de la licorera, Antioquia dejaría de recibir alrededor de 22.000 millones de pesos por concepto del impuesto al consumo si la situación se prolonga, recursos que tradicionalmente se destinan a sectores estratégicos como salud y educación. En 2025, sin la aplicación del decreto, la FLA transfirió cerca de 480.000 millones de pesos al departamento y más de 650.000 millones a otros territorios del país, cifras que dimensionan el peso fiscal de la compañía.
A este escenario se suma otro factor que agrava la situación: el incremento del IVA del 5 % al 19 %, vigente desde el 1 de enero, que encareció los productos de la FLA en aproximadamente 4.000 pesos por unidad. Aunque la empresa aún no ha trasladado este aumento al precio final, el gerente advirtió que el impacto será inevitable si se mantiene el nuevo esquema tributario. El riesgo, señaló, es que los incrementos acumulados terminen expulsando al consumidor del mercado legal y fortaleciendo la informalidad y el contrabando.
“Lo más grave es que, con el aumento del impuesto al consumo, el aguardiente pequeño y el ron Medellín rojo podrían registrar incrementos de hasta el 48 %”, alertó Ramos Maya, un porcentaje que amenaza con romper el equilibrio entre recaudo fiscal, competitividad del producto y sostenibilidad del negocio.
El caso de la FLA expone un dilema de fondo: si bien el Estado busca mayores ingresos para financiar el sistema de salud, una carga tributaria excesiva puede generar el efecto contrario al esperado, reduciendo las ventas, debilitando a las empresas públicas y, paradójicamente, disminuyendo el recaudo. En regiones como Antioquia, donde la licorera es un motor histórico de recursos, el impacto va más allá de lo empresarial y se convierte en un asunto de interés público.
Mientras el gremio empresarial y las autoridades regionales observan con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, la Fábrica de Licores de Antioquia permanece a la espera de una decisión de la Corte Constitucional que defina la legalidad del decreto. Entre tanto, la emblemática licorera antioqueña enfrenta un inicio de año marcado por la incertidumbre, la parálisis comercial y el riesgo latente para las finanzas del departamento, en un pulso que pone sobre la mesa los límites y consecuencias de la política tributaria en tiempos de ajuste fiscal.
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