Participación en Disputa: El Debate que Revela las Tensiones del Poder Local en Montería
La discusión entre un concejal y el alcalde de Montería sobre el verdadero alcance de la participación ciudadana ha puesto sobre la mesa un tema que durante años se ha tratado como eslogan, pero pocas veces como política pública real. Más allá del cruce verbal o de las diferencias políticas que puedan existir entre ambos, lo que esta controversia revela es una pregunta de fondo que afecta directamente a los monterianos: ¿Quién está interpretando realmente las necesidades de la ciudadanía y quién está utilizando el concepto de participación como herramienta de legitimación?
El reclamo del concejal —centrado en que el alcalde estaría realizando eventos, encuentros o espacios comunitarios sin garantizar que la ciudadanía tenga una voz efectiva y no solo una silla ocupada— abre un debate necesario. En muchas ciudades, Montería incluida, la participación se ha reducido a reuniones en las que la comunidad escucha, pero no decide; opina, pero no influye; asiste, pero no transforma. En ese sentido, la advertencia del cabildante es pertinente: un gobierno local no puede usar la participación como formalidad, sino como instrumento para construir decisiones colectivas que realmente respondan a las necesidades de cada barrio.
Por su parte, el alcalde defiende su gestión argumentando que lo que se está intentando es acercar la institucionalidad a los territorios, superando el rezago histórico que ha mantenido a muchas comunidades aisladas de la toma de decisiones. Su postura es válida en un contexto donde más de la mitad de las peticiones ciudadanas se han concentrado durante años en los mismos sectores y donde la distancia entre la administración y la gente ha sido fruto de burocracias lentas, falta de articulación y una cultura política basada en intermediarios.
Sin embargo, este choque evidencia un dilema más profundo: Montería necesita una participación ciudadana auténtica, no una participación administrativa. La participación auténtica implica que la ciudadanía pueda influir en presupuestos, en prioridades de obras, en planes de seguridad, en políticas sociales y en vigilancia de la gestión pública. Implica, además, que tanto el Concejo como la Alcaldía cedan espacios de poder para que la comunidad deje de ser un espectador pasivo y se convierta en actor decisivo.
El debate no debería centrarse entonces en quién tiene la razón, sino en qué modelo de participación necesita Montería. Ni la postura crítica del concejal ni la defensa del alcalde son suficientes por sí solas. Lo que se requiere es corresponsabilidad: que los concejales ejerzan control político sin caer en confrontaciones estériles, y que la Alcaldía abra verdaderos mecanismos vinculantes, no simples jornadas de socialización.
La participación ciudadana se vuelve fundamental en un contexto donde Montería enfrenta desafíos profundos en materia de movilidad, seguridad, acceso a servicios públicos, ordenamiento territorial y oportunidades para jóvenes. Ignorar la voz de la gente no solo debilita la democracia local, sino que reproduce un modelo de desarrollo que beneficia a pocos y excluye a muchos.
Este episodio entre concejal y alcalde debería servir como punto de partida para un debate mayor sobre cómo se está gobernando y cómo se quiere gobernar Montería. La ciudad no necesita discursos sobre participación, necesita reglas claras, metodologías, resultados medibles y un pacto institucional donde todos —cabildo, alcaldía y ciudadanía— entiendan que la construcción del futuro de la ciudad no es un asunto individual, sino colectivo.
La polémica revela un vacío, pero también una oportunidad: elevar la participación ciudadana del nivel simbólico al nivel decisorio. Montería merece esa transformación.
