Salario mínimo 2026: el Gobierno se alista para decretar el aumento con el concepto de “mínimo vital” como eje central
El debate sobre el salario mínimo en Colombia vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional en el cierre de 2025, esta vez marcado por la ausencia de consenso entre empresarios y centrales obreras y por una postura firme del Gobierno Nacional, que se prepara para definir el incremento por decreto. El Ministerio de Trabajo confirmó que ya existe un ajuste en estudio y que el porcentaje final se sustentará en el concepto de “salario mínimo vital”, una noción que va más allá de las cifras tradicionales de inflación y productividad.
Como ha ocurrido en años recientes, la mesa de concertación no logró un acuerdo definitivo. Las posiciones, nuevamente, se mostraron distantes: mientras los gremios empresariales insistieron en aumentos moderados, argumentando riesgos para la sostenibilidad del empleo formal y la competitividad, las organizaciones sindicales defendieron incrementos de dos dígitos para compensar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Ante este escenario, el Ejecutivo asumió la responsabilidad de fijar el nuevo salario mínimo para 2026.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que el análisis gubernamental incorpora criterios constitucionales y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente el enfoque del salario mínimo vital. Este concepto no se limita a cubrir la inflación anual, sino que busca garantizar que el ingreso de un trabajador permita satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte, salud, educación y recreación mínima, tanto para él como para su núcleo familiar.
Este giro conceptual tiene implicaciones profundas. Tradicionalmente, la discusión del salario mínimo en Colombia se ha centrado en indicadores macroeconómicos como el IPC, la productividad laboral y el crecimiento del PIB. Sin embargo, el enfoque del mínimo vital introduce una dimensión social más amplia, alineada con el discurso del Gobierno sobre justicia social y reducción de la desigualdad. En la práctica, esto abre la puerta a un aumento real del salario, incluso por encima de las propuestas del sector empresarial.
Las proyecciones preliminares apuntan a que el incremento podría superar el 10 %, lo que significaría un salario mínimo cercano a los 1,5 millones de pesos mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. Aunque la cifra exacta aún no se ha oficializado, el solo hecho de que el Gobierno anticipe “señales claras” de un ajuste significativo ya ha generado reacciones encontradas en distintos sectores de la economía.
Para los trabajadores, un aumento de este calibre representa una oportunidad de alivio frente al alto costo de vida, especialmente en rubros como alimentos y arriendo, que han presionado con fuerza el presupuesto de los hogares. Para los empresarios, en cambio, persiste la preocupación por el impacto en los costos laborales, en especial para las pequeñas y medianas empresas, que advierten sobre posibles efectos adversos en la generación de empleo formal.
En el trasfondo de esta discusión también está el debate político. El salario mínimo se ha convertido en un símbolo de la orientación social del Gobierno, pero también en un punto de fricción con el sector productivo. La decisión final, que se espera sea anunciada antes de finalizar diciembre, no solo definirá el ingreso de millones de colombianos a partir del 1 de enero de 2026, sino que marcará un nuevo capítulo en la forma como el Estado concibe la remuneración mínima en el país.
Así, más que un simple ajuste numérico, el salario mínimo 2026 se perfila como una decisión con alto contenido social, económico y político, cuyo impacto se sentirá tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la estructura misma del mercado laboral colombiano.
#CANAL CORDOBA
