Petro arremete contra congresistas del Caribe y reaviva el pulso político por la crisis del agua
En medio de la emergencia invernal que golpea con fuerza al Caribe colombiano, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura ofensiva política contra congresistas de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico, a quienes señaló como responsables indirectos de la actual crisis del agua que afecta a miles de familias. El pronunciamiento del jefe de Estado no solo elevó el tono del debate, sino que reabrió la discusión sobre las responsabilidades políticas en la gestión de los recursos públicos y la respuesta estatal frente a las emergencias climáticas.
Según Petro, los parlamentarios de estas regiones jugaron un papel clave en el hundimiento de la Ley de Financiamiento del Estado, iniciativa que, de acuerdo con el Gobierno, era fundamental para garantizar recursos destinados a sectores estratégicos, entre ellos la atención de desastres naturales. La crítica presidencial apunta a lo que considera una contradicción política: haber bloqueado una herramienta fiscal y, posteriormente, exigir recursos extraordinarios para enfrentar una crisis que hoy desborda la capacidad local.
“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, expresó Petro, en un mensaje que rápidamente generó reacciones encontradas tanto en el Congreso como en la opinión pública.
Las declaraciones se producen en un contexto particularmente sensible. Amplias zonas del Caribe enfrentan inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones severas en infraestructura, vivienda y producción agrícola. En departamentos como Córdoba, la emergencia ha obligado a evacuaciones, habilitación de albergues temporales y despliegue permanente de organismos de socorro, evidenciando la magnitud del impacto social y económico del fenómeno invernal.
El presidente también dirigió sus cuestionamientos hacia el poder judicial, al referirse a la actuación de un magistrado del departamento de Córdoba que habría solicitado suspender la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. Para Petro, esta decisión desconoce la urgencia de la situación y limita la capacidad del Ejecutivo para actuar con rapidez.
“Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica. ¿Más irracionalidad aún?”, afirmó el mandatario, defendiendo el uso de medidas excepcionales como un mecanismo constitucional para movilizar recursos, acelerar la contratación y responder de manera efectiva a una crisis que, según el Gobierno, no admite dilaciones administrativas.
Desde la Casa de Nariño se insiste en que la emergencia económica no es una herramienta política, sino una necesidad operativa frente a un escenario climático extremo, agravado —según la narrativa oficial— por años de desinversión, malas decisiones legislativas y falta de planificación territorial. Sin embargo, sectores críticos advierten que el lenguaje confrontacional del presidente podría profundizar la polarización y dificultar los consensos necesarios para enfrentar la emergencia de manera integral.
Lo cierto es que la crisis del agua en el Caribe colombiano ha dejado de ser solo un problema ambiental o humanitario para convertirse en un nuevo campo de disputa política e institucional. Mientras miles de familias esperan soluciones concretas, el pulso entre el Ejecutivo, el Congreso y la justicia expone las tensiones estructurales del Estado colombiano frente a los desafíos del cambio climático y la gobernabilidad en tiempos de emergencia.
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