Petro arremete contra el sistema de salud y las tarifas de energía: denuncia fallas estructurales y pide intervención estatal
En un pronunciamiento enérgico desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate nacional dos de los sectores más sensibles para los colombianos: la salud y la energía. Durante un Consejo de Ministros enfocado en la situación sanitaria, el mandatario cuestionó lo que calificó como fallas estructurales que, a su juicio, estarían afectando de manera directa la vida y el bolsillo de los ciudadanos.
El detonante de sus declaraciones fue el caso del menor Kevin Acosta, cuya muerte —según afirmó el jefe de Estado— evidenciaría graves deficiencias en la garantía de entrega de medicamentos y en la calidad de la atención médica. Petro planteó interrogantes sobre el destino de los recursos públicos destinados a la compra de fármacos y señaló la posible existencia de un “oligopolio de la importación de medicamentos”, una afirmación que abre un frente de discusión no solo sanitario, sino también económico y regulatorio.
El Presidente instó a la Superintendencia de Industria y Comercio a revisar el funcionamiento del mercado farmacéutico, sugiriendo que la concentración empresarial podría estar distorsionando precios y afectando la disponibilidad de tratamientos. La denuncia, de confirmarse, implicaría revisar los mecanismos de control y competencia en un sector que maneja millonarios recursos del sistema de salud.
Sin embargo, más allá del señalamiento puntual, el trasfondo del debate revela tensiones acumuladas en torno a la reforma estructural del sistema sanitario. La discusión sobre la intermediación, la eficiencia en la distribución de medicamentos y la supervisión de los prestadores no es nueva. Lo novedoso es el tono directo con el que el Ejecutivo vincula estas fallas a responsabilidades empresariales concretas, en medio de un clima político polarizado.
En materia energética, el mandatario también lanzó cuestionamientos de fondo. Aseguró que no se justifica que las tarifas de energía eléctrica no registren una reducción sustancial cuando los embalses se encuentran en niveles altos. Según su argumento, una disminución de apenas nueve pesos por kilovatio hora no refleja las condiciones favorables de generación hídrica y resulta insuficiente para aliviar la carga económica de los hogares.
Este planteamiento toca una fibra sensible en regiones donde las tarifas eléctricas han sido históricamente motivo de inconformidad social. La estructura tarifaria del sector eléctrico depende de múltiples variables —costos de generación, transmisión, distribución y comercialización—, así como de factores regulatorios que no se ajustan automáticamente al nivel de los embalses. No obstante, el reclamo presidencial apunta a revisar si el esquema actual garantiza una traslación justa de los beneficios cuando las condiciones del sistema mejoran.
El doble frente abierto por Petro —salud y energía— refleja una estrategia política que busca enfatizar el rol del Estado como garante de derechos fundamentales y regulador de mercados estratégicos. Pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de las herramientas institucionales existentes para corregir distorsiones sin generar incertidumbre jurídica o desincentivar la inversión.
En el caso de la salud, la discusión se centra en la transparencia y la competencia del mercado farmacéutico. En el energético, en la estructura de costos y la regulación tarifaria. Ambos debates exigen análisis técnicos rigurosos y decisiones basadas en evidencia, más allá de la confrontación discursiva.
Las declaraciones desde la Casa de Nariño marcan un nuevo capítulo en la agenda gubernamental. El desafío ahora será traducir las críticas en medidas concretas que mejoren la prestación de servicios y reduzcan costos para los ciudadanos, sin desestabilizar sectores que requieren reglas claras y sostenibles. La tensión entre intervención estatal y dinámica de mercado vuelve a ocupar el centro de la escena política y económica del país.
#CANAL CORDOBA
