Petro confirma bombardeo contra el ELN en el Catatumbo y reafirma que el Estado responderá a la violencia
El presidente Gustavo Petro confirmó que ordenó una operación aérea contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en una acción que vuelve a poner en el centro del debate la estrategia de seguridad del Gobierno en uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado y las economías ilegales.
Según explicó el mandatario, la intervención corresponde al bombardeo número catorce ejecutado durante su administración y se realizó tras verificaciones previas para descartar la presencia de menores de edad en el área objetivo, un punto especialmente sensible en el marco de su política de “paz total” y de los compromisos asumidos frente al derecho internacional humanitario. Petro enfatizó que estas comprobaciones son un requisito indispensable antes de autorizar este tipo de operaciones.
El balance oficial del operativo da cuenta de siete integrantes del ELN muertos, una persona capturada y la incautación de doce fusiles, lo que representa un golpe a la capacidad armada de esa estructura en una zona estratégica para el control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. Las autoridades señalaron que no se descarta que otros miembros del grupo armado hayan resultado heridos y se hayan dispersado tras el bombardeo, una dinámica recurrente en este tipo de acciones militares.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado contextualizó la operación dentro de la relación fallida entre el Gobierno y el ELN en el Catatumbo. Recordó que su administración propuso un proceso de paz a esa guerrilla, pero sostuvo que la respuesta fue una escalada de violencia que, según sus declaraciones, ha dejado cerca de 200 campesinos asesinados en la región. Para Petro, estos hechos marcan una línea clara entre la voluntad de diálogo del Estado y la persistencia del grupo armado en la confrontación.
El bombardeo reaviva el debate político y social sobre el equilibrio entre la búsqueda de la paz negociada y el uso de la fuerza militar. Mientras el Gobierno insiste en que mantiene abierta la puerta al diálogo con los grupos armados que demuestren voluntad real de desmovilización, también ha reiterado que no renunciará a la acción contundente del Estado frente a quienes continúen ejerciendo violencia contra la población civil.
El Catatumbo, históricamente afectado por el abandono estatal, la presencia de múltiples actores armados y la disputa por economías ilegales, sigue siendo un termómetro clave para medir el alcance y las contradicciones de la política de seguridad del Ejecutivo. La operación confirmada por Petro refuerza el mensaje de que, pese al discurso de paz, el Gobierno está dispuesto a recurrir a la fuerza aérea y militar cuando considere que la vida de las comunidades está en riesgo.
En ese contexto, el mandatario fue enfático al señalar que quienes persistan en la vía armada “enfrentarán la acción del Estado”, una advertencia que busca enviar un mensaje tanto a los grupos ilegales como a la opinión pública, en medio de un escenario de alta sensibilidad política y de creciente presión por resultados concretos en materia de seguridad y protección de la población civil.
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