El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al denunciar que la Registraduría Nacional habría permitido una supuesta intervención externa en los sistemas de software electoral, lo que a su juicio pone en entredicho las garantías de transparencia para las elecciones de 2026.
Según Petro, la verdadera “amenaza” provendría de una intervención desde Estados Unidos, a través de supuestos accesos al sistema electoral permitidos por la Registraduría. Esta grave acusación reaviva temores históricos entre sectores que consideran que el escrutinio y los resultados podrían quedar en entredicho si no hay plena auditoría ciudadana, control institucional, y garantías reales de independencia.
No obstante, ante dichas declaraciones, la Registraduría respondió de forma rápida y categórica: aclaró que lo que aparece en su página web —junto al logo de la embajada de Estados Unidos— corresponde a una “Línea Anticorrupción 157”, lanzada públicamente en 2025, y no a una vinculación directa con la gestión del software electoral o el conteo de votos. Para la entidad, insinuar una intervención extranjera sin pruebas vulnera la confianza pública y pone en riesgo la institucionalidad.
Este cruce de versiones deja al descubierto una tensión más profunda: por un lado, la legítima preocupación de un mandatario sobre la integridad del sistema electoral; por otro, la defensa institucional del ente encargado, que advierte sobre el daño que podría causar a la democracia la difusión de acusaciones sin fundamento.
En una coyuntura en la que el país se prepara para unas elecciones cruciales —con cambios generacionales, fuerte polarización y expectativa social—, estos señalamientos no pueden tomarse a la ligera. La credibilidad del sistema electoral es un pilar democrático; una pérdida de confianza masiva podría debilitar la participación ciudadana, generar protestas o impugnaciones, y poner en jaque la legitimidad de los resultados.
Por ello, más allá del ruido mediático, lo que Colombia necesita ahora es transparencia real: auditorías independientes al software electoral, escrutinios que permitan control ciudadano, claridades en los contratos con empresas externas y, sobre todo, un compromiso institucional claro para garantizar que la voluntad popular sea respetada. Si no se consigue ese equilibrio entre vigilancia ciudadana y garantías técnicas, el fantasma de la desconfianza podría opacar incluso el acto más básico en democracia: votar.
