Petro denuncia presuntos sobrecostos en EPS intervenidas y exige denuncias directas contra funcionarios
El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte pronunciamiento contra la gestión de las EPS intervenidas por el Estado, al advertir sobre posibles cobros irregulares en la compra de medicamentos. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que existen indicios de que funcionarios estarían exigiendo sobreprecios de entre el 20 % y el 30 % a proveedores del sector farmacéutico.
“Se están robando la plata de las medicinas y por eso acaparan”, afirmó el jefe de Estado, en un mensaje que eleva el tono del debate sobre la crisis estructural del sistema de salud colombiano. Petro fue más allá y pidió que, de comprobarse estas prácticas, las denuncias lleguen directamente a su despacho, dejando claro que, según sus palabras, en su Gobierno no se permitirá el desvío de recursos públicos.
El señalamiento se produce en un contexto especialmente sensible para el sector salud. Varias EPS han sido intervenidas por el Ejecutivo bajo el argumento de irregularidades financieras y deficiencias en la prestación del servicio. La intervención estatal buscaba estabilizar la operación y garantizar la atención a los usuarios, pero ahora el foco se traslada hacia la gestión interna bajo administración pública.
Desde una perspectiva periodística, la gravedad de la denuncia no radica únicamente en el posible sobrecosto, sino en su impacto directo sobre el acceso a medicamentos. Si se confirman cobros adicionales a los proveedores, esto no solo encarecería la cadena de suministro, sino que podría explicar fenómenos como el desabastecimiento o la demora en la entrega de tratamientos esenciales.
La acusación presidencial también abre un frente institucional. Petro convoca a proveedores y ciudadanos a reportar cualquier anomalía, lo que implica un llamado directo a la transparencia y al control social. Sin embargo, expertos advierten que las denuncias deberán ser respaldadas por investigaciones formales de los entes de control, para evitar que el debate se quede en el terreno político sin consecuencias judiciales concretas.
El sistema de salud colombiano atraviesa una transformación profunda impulsada por el Gobierno, que ha defendido la necesidad de reformar el modelo de aseguramiento. En ese escenario, las EPS intervenidas representan una prueba de fuego: si bajo administración estatal persisten prácticas irregulares, el argumento de cambio estructural podría verse debilitado.
La declaración presidencial, contundente y sin matices, marca una línea clara: cero tolerancia frente a la corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a la salud. El desafío ahora será traducir ese discurso en resultados verificables, investigaciones sólidas y sanciones ejemplares, en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
Más allá de la confrontación política, lo que está en juego es la confianza de millones de usuarios que dependen del sistema para acceder a medicamentos y tratamientos. En un país donde la salud es uno de los temas más sensibles de la agenda pública, cualquier indicio de corrupción adquiere una dimensión que trasciende lo administrativo y toca directamente la dignidad de los pacientes.
#CANAL CORDOBA
