Petro endurece su discurso contra el ELN y cuestiona la coherencia entre su violencia y el discurso de paz
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó en la madrugada de este sábado 17 de enero uno de sus mensajes más duros y directos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que acusó de sostener una narrativa de paz mientras mantiene prácticas violentas que, según afirmó, han dejado cientos de víctimas entre campesinos, jóvenes y miembros de la Fuerza Pública. El pronunciamiento, realizado a través de redes sociales, marca un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y la guerrilla, en un contexto donde las expectativas de diálogo se han visto erosionadas por la persistencia del conflicto armado.
En su mensaje, Petro cuestionó con dureza lo que considera una profunda contradicción ideológica del ELN. “El ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año y mata un joven soldado, quizás hijo de campesinos también o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra”, escribió el mandatario, calificando estas acciones como el resultado de “la estupidez de la codicia”. La frase no solo apunta a los hechos violentos, sino a lo que el presidente interpreta como una degradación moral y política del grupo insurgente.
Uno de los pasajes más contundentes del mensaje fue la afirmación: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, una frase que Petro ha utilizado en otras ocasiones para cuestionar la deriva criminal de organizaciones armadas que, en su origen, se reivindicaron como movimientos políticos. Con esta expresión, el jefe de Estado puso en duda la legitimidad ideológica del ELN y sugirió que su accionar actual está más cerca de lógicas del narcotráfico que de cualquier proyecto revolucionario o social.
El presidente también centró su crítica en el reclutamiento de jóvenes y menores, una práctica que ha sido reiteradamente denunciada por organizaciones de derechos humanos. Petro aseguró que el ELN “lleva jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína”, una afirmación que conecta directamente el conflicto armado con las economías ilegales transnacionales. Para el mandatario, este fenómeno no solo carece de sentido político, sino que constituye una tragedia social que perpetúa el ciclo de violencia y pobreza en las regiones más vulnerables del país.
El mensaje presidencial se produce en un momento especialmente sensible. Zonas como el Catatumbo continúan registrando altos niveles de violencia, desplazamiento forzado y confrontaciones armadas, mientras el país se encamina hacia las elecciones de 2026, un escenario que incrementa la presión política sobre el Gobierno en materia de seguridad y paz. En este contexto, el tono de Petro refleja un endurecimiento de su postura frente al ELN, tras el colapso de las conversaciones de paz ocurrido hace cerca de un año.
Aunque Petro llegó al poder con la promesa de impulsar una política de “paz total”, sus declaraciones evidencian que el Gobierno enfrenta serias dificultades para avanzar en negociaciones con grupos que, pese al discurso político, mantienen estructuras armadas y vínculos con economías ilícitas. El mensaje al ELN no es solo una crítica moral, sino también un intento de interpelar públicamente a la organización y ponerla frente a sus propias contradicciones ante la opinión pública nacional e internacional.
En términos políticos, el pronunciamiento busca marcar una línea clara: el Estado no está dispuesto a legitimar discursos de paz que no se traduzcan en hechos concretos de desescalamiento del conflicto. Al mismo tiempo, revela la complejidad de gobernar un país donde las dinámicas del conflicto armado siguen mutando y donde los límites entre insurgencia, crimen organizado y narcotráfico son cada vez más difusos.
El mensaje de Petro, más allá de su tono confrontacional, deja planteada una reflexión de fondo sobre el futuro del conflicto en Colombia: sin coherencia entre discurso y acciones, no hay paz posible. La responsabilidad, según el jefe de Estado, recae tanto en el Estado como en los actores armados que dicen buscar una salida negociada, pero continúan alimentando la guerra con prácticas que golpean, una y otra vez, a las poblaciones más vulnerables del país.
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