Petro firma solicitud para convocar Asamblea Constituyente y desata nuevo pulso político en el país
Desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro volvió a sacudir el escenario político nacional al firmar la solicitud para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que abre un debate de alto voltaje institucional y electoral. El anuncio no solo reactiva una discusión de fondo sobre la necesidad de reformar la Carta Política, sino que profundiza la confrontación entre el Ejecutivo, el Congreso y los sectores de oposición.
El proceso, según lo establecido por la normativa vigente, comenzó con la autorización de un comité ciudadano por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargado de recoger firmas durante un plazo de seis meses. La meta es reunir los apoyos necesarios para que el proyecto sea presentado formalmente ante el Legislativo y, de superar ese filtro, avanzar hacia las etapas posteriores del trámite constitucional.
La participación activa de ministros como Antonio Sanguino y Armando Benedetti en la promoción de la recolección de firmas ha generado cuestionamientos sobre la línea que separa la gestión gubernamental de la actividad política. Sectores críticos sostienen que la iniciativa podría tener un componente estratégico de cara a las elecciones de marzo y mayo, al movilizar a las bases del progresismo alrededor de una bandera de transformación estructural.
El presidente Petro ha defendido la propuesta como un mecanismo legítimo para superar lo que considera bloqueos institucionales a su agenda reformista, particularmente en temas como la reforma a la salud y la reorganización de ciertos entes del Estado. Desde su perspectiva, una Constituyente permitiría actualizar el marco constitucional para responder a nuevas realidades sociales y políticas.
Sin embargo, la oposición advierte que las negativas del Congreso y los pronunciamientos de los tribunales obedecen al principio de separación de poderes y a la autonomía de las ramas del poder público, no a un bloqueo arbitrario. Para estos sectores, convocar una Constituyente en medio de tensiones políticas podría abrir la puerta a una politización del debate constitucional y generar incertidumbre jurídica y económica.
El anuncio revive recuerdos del proceso constituyente de 1991, que dio origen a la actual Constitución, considerada una de las más garantistas de América Latina. No obstante, el contexto actual es distinto: el país atraviesa un clima político polarizado, con reformas estructurales en discusión y con un calendario electoral que podría intensificar las tensiones.
Más allá de la viabilidad jurídica del proceso, la jugada del Ejecutivo marca una estrategia clara: trasladar el debate de las reformas del escenario legislativo al terreno de la movilización ciudadana. La pregunta que se abre es si el país necesita una nueva Constitución o si el camino debe ser el fortalecimiento de las instituciones existentes mediante consensos amplios.
Lo cierto es que la firma en Cartagena no es un acto simbólico aislado, sino el inicio de una confrontación política de largo alcance. En los próximos meses, el pulso entre Gobierno y oposición definirá no solo el destino de la propuesta constituyente, sino también el tono del debate democrático en Colombia.
#CANAL CORDOBA
