Petro ordena ofensiva nacional contra la compra de votos y cita a la cúpula de la Policía
En un mensaje de fuerte contenido político e institucional, el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó a una reunión urgente con todos los comandantes de la Policía Nacional para impartir directrices directas sobre la persecución de la compra de votos en todo el territorio nacional. El anuncio se produjo en medio de su agenda regional en La Guajira y se da en un contexto preelectoral marcado por crecientes alertas sobre corrupción electoral y cooptación de comunidades vulnerables.
Petro fue enfático al recordar su rol constitucional como “comandante supremo de la Fuerza Pública” y sostuvo que la orden debe cumplirse de manera inmediata. Según el mandatario, la instrucción será impartida de forma personal a generales y comandantes de distrito y región, con el objetivo de reforzar la acción policial contra quienes financian, organizan y ejecutan la compra de votos, una práctica que calificó como una de las principales amenazas contra la democracia colombiana.
El presidente no se limitó a una advertencia operativa, sino que elevó el tono político al describir estas dinámicas como expresiones de un “poder mafioso”. En su visión, la compra de votos no es un fenómeno aislado ni meramente electoral, sino una forma de dominación territorial en la que la ciudadanía queda subordinada a estructuras que ejercen control mediante el dinero, la intimidación o las armas, sean estas legales o ilegales. Para Petro, cuando quien manda en un territorio no es la población sino quien tiene la fuerza, la democracia se vacía de contenido y se acerca peligrosamente a prácticas dictatoriales.
Las declaraciones adquieren especial relevancia en la antesala de una jornada electoral decisiva, en la que los colombianos elegirán un nuevo Congreso y al sucesor de Petro en la Presidencia. En ese escenario, el mandatario buscó dejar claro que la lucha contra la corrupción electoral será una prioridad de su Gobierno hasta el último día de su mandato, y que no tolerará la normalización de prácticas que distorsionan la voluntad popular, especialmente en regiones históricamente golpeadas por la desigualdad y la violencia.
Sin embargo, el anuncio también abre un debate de fondo. Mientras sectores afines al Gobierno celebran la instrucción como un paso necesario para proteger el voto libre y desmontar redes clientelistas enquistadas en el poder local, otros advierten sobre el riesgo de politizar a la Fuerza Pública en un momento sensible del calendario electoral. El desafío, coinciden analistas, estará en garantizar que la acción policial se rija estrictamente por la ley, con criterios técnicos y judiciales claros, y no como una herramienta de confrontación política.
Más allá de la polémica, la intervención presidencial pone sobre la mesa una realidad incómoda: la compra de votos sigue siendo una práctica extendida en amplias zonas del país, donde la pobreza, la ausencia del Estado y el control armado facilitan la manipulación electoral. Combatir este fenómeno no solo requiere operativos policiales, sino también una estrategia integral que incluya investigación judicial, protección a denunciantes y políticas sociales que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades.
Con su llamado, Gustavo Petro busca dejar una marca política clara en el tramo final de su Gobierno: la defensa del voto como eje de la democracia. El impacto real de esta orden dependerá, no obstante, de su ejecución en el territorio y de la capacidad institucional para enfrentar estructuras que, durante décadas, han hecho de la corrupción electoral una forma habitual de ejercer poder en Colombia.
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