Petro señala responsabilidades por inundaciones en Córdoba y pone en la mira la gestión de Urrá
En medio de la calamidad pública que golpea con fuerza al departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate al señalar que la actual crisis por inundaciones no puede explicarse únicamente por las lluvias y los fenómenos climáticos, sino que es consecuencia directa de decisiones administrativas en el manejo del sector energético y, en particular, de los embalses del país. Sus declaraciones apuntaron de manera directa a la hidroeléctrica Urrá S.A. y a su presidente, Juan Acevedo, a quien el mandatario advirtió que deberá responder incluso en el plano penal por los efectos de los vertimientos que hoy afectan a comunidades campesinas y zonas altamente vulnerables.
El pronunciamiento presidencial se inscribe en una crítica más amplia a la política energética nacional, que Petro ha cuestionado reiteradamente. Según el jefe de Estado, durante meses se permitió el llenado de embalses sin que estos fueran utilizados de forma oportuna para la generación de energía eléctrica. Esta inacción, afirmó, desembocó en vertimientos forzados que terminaron agravando la emergencia ambiental y social en regiones históricamente frágiles como Córdoba, La Mojana y la depresión momposina.
Desde la visión del mandatario, el problema no es solo técnico, sino estructural y político. Petro sostuvo que, mientras se desaprovechaba la capacidad de generación hidroeléctrica —a la que calificó como casi gratuita—, se priorizaron contratos de futuros con termoeléctricas de gas, una fuente de energía considerablemente más costosa. Esa combinación de decisiones, aseguró, trasladó el peso de la crisis a los territorios, profundizando las afectaciones sobre campesinos, pescadores y poblaciones ribereñas que hoy ven sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia bajo el agua.
El señalamiento presidencial abre un debate de fondo sobre la forma en que se administran los recursos energéticos y hídricos del país. Para Petro, la narrativa que atribuye la emergencia únicamente al clima resulta insuficiente y, en cierto modo, conveniente para evadir responsabilidades. En su lectura, la falta de una gestión preventiva y coordinada de los embalses convirtió una temporada de lluvias intensa en una tragedia humanitaria de gran escala.
En este contexto, también ha cobrado relevancia un informe periodístico publicado por la revista Semana, que señala a Juan Acevedo como una presunta cuota política de la casa Chagüi. Según esa versión, el senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, habría tenido cercanía con el nombramiento de personas afines en cargos directivos de Urrá S.A. Aunque estas afirmaciones no han sido probadas judicialmente, han alimentado el debate público sobre la politización de las empresas del sector energético y la necesidad de mayor transparencia en su dirección.
Las declaraciones de Petro llegan en un momento especialmente crítico para Córdoba, donde miles de familias continúan damnificadas por las inundaciones, los albergues se encuentran desbordados y las pérdidas económicas siguen en aumento. En ese escenario, el anuncio de eventuales responsabilidades penales no solo busca establecer culpables, sino enviar un mensaje político claro: las decisiones técnicas y administrativas en el sector energético tienen consecuencias directas sobre la vida de las comunidades y no pueden tomarse de espaldas al territorio.
El episodio reabre, además, una discusión histórica sobre el impacto de las grandes obras de infraestructura en ecosistemas frágiles y regiones vulnerables. Para el Gobierno, la crisis actual debe servir como punto de inflexión para replantear la gestión de los embalses, revisar protocolos de operación y garantizar que la protección de la vida, el ambiente y los territorios esté por encima de intereses económicos o cálculos financieros de corto plazo.
Mientras avanzan las investigaciones y persiste la emergencia, el país observa un pulso político y técnico que trasciende la coyuntura invernal. Lo que está en juego no es solo la atención inmediata de la crisis, sino el modelo de gestión energética y ambiental que definirá si tragedias como la que hoy vive Córdoba seguirán repitiéndose o si, finalmente, se asumen las responsabilidades necesarias para evitarlas.
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