Precandidatos de la Gran Consulta cierran filas con el CNE y minimizan impacto político de la exclusión de Iván Cepeda
La revocatoria de la inscripción del senador Iván Cepeda en la consulta presidencial prevista para el próximo 8 de marzo volvió a sacudir el panorama político colombiano y evidenció las profundas diferencias entre los sectores que ya entraron de lleno en la carrera electoral. Mientras desde el Pacto Histórico se denunció una supuesta vulneración de derechos políticos, la mayoría de los precandidatos de la denominada Gran Consulta por Colombia expresaron su respaldo —explícito o implícito— a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), defendiendo la aplicación estricta de la ley como eje central del proceso democrático.
El CNE sustentó su determinación en un criterio jurídico claro: un ciudadano no puede participar en dos consultas dentro del mismo periodo electoral. Bajo esa premisa, varios aspirantes presidenciales coincidieron en que el fallo no admite interpretaciones políticas, sino que responde a la normativa vigente. Para Paloma Valencia, la controversia revela una postura recurrente de la izquierda frente a las instituciones. “La izquierda considera que siempre está por encima de la ley”, afirmó, al tiempo que defendió la actuación del organismo electoral como una garantía de igualdad de condiciones para todos los participantes.
En un tono aún más directo, Vicky Dávila recalcó que la ley no puede aplicarse de manera selectiva. “La ley es para todos”, señaló, desestimando cualquier trato diferencial por afinidad política o cercanía con el presidente Gustavo Petro. Sus declaraciones, en las que aludió a Cepeda como “el heredero” del mandatario, reflejan no solo el respaldo al fallo del CNE, sino también el alto nivel de confrontación discursiva que empieza a marcar el debate preelectoral. Mauricio Cárdenas, por su parte, optó por un enfoque más técnico y aseguró que la decisión “fue tomada en derecho”, cerrando filas en torno a la legitimidad jurídica del proceso.
No todos los pronunciamientos, sin embargo, se limitaron al plano legal. Desde una lectura más estratégica, David Luna advirtió que la exclusión de Cepeda podría tener efectos políticos adversos para quienes celebran la decisión. A su juicio, se trata de “una equivocación” en términos de narrativa, pues podría facilitar que el senador se posicione como víctima del sistema. Aun así, Luna fue enfático en que la disputa debe resolverse en el escenario público, con ideas y argumentos, y no mediante señalamientos de persecución.
Otros aspirantes optaron por tomar distancia de la polémica. Aníbal Gaviria aseguró que su atención está centrada en su propio proyecto político y en ofrecer soluciones concretas al país, dejando claro que el debate sobre Cepeda corresponde exclusivamente a su sector. Enrique Peñalosa, en cambio, aprovechó el episodio para lanzar cuestionamientos de fondo sobre la trayectoria del senador, poniendo en duda su impacto real en la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y trasladando la discusión del terreno jurídico al balance de gestión y resultados.
La respuesta de Iván Cepeda no tardó en llegar y elevó aún más la tensión política. El senador calificó la decisión del CNE como “arbitraria”, anunció el retiro del Pacto Histórico de la consulta del 8 de marzo de 2026 y confirmó su inscripción directa para la primera vuelta presidencial. Con este movimiento, Cepeda no solo redefine su estrategia electoral, sino que traslada el debate a un escenario más amplio, en el que la legalidad de las decisiones institucionales y la legitimidad política de las mismas se enfrentarán de manera frontal.
En conjunto, la controversia deja en evidencia un clima de creciente polarización y anticipa una campaña marcada por disputas jurídicas, narrativas de victimización y llamados a la defensa del Estado de derecho. Más allá del caso puntual, el episodio plantea un reto central para el proceso electoral: garantizar que las reglas se apliquen de manera uniforme y que, al mismo tiempo, la confrontación política no termine erosionando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de arbitrar la democracia.
#CANAL CORDOBA
