Pulso institucional: Gobierno advierte nuevo impuesto al patrimonio si la Corte no reactiva el decreto de emergencia
El Gobierno Nacional elevó la tensión institucional al fijar un plazo perentorio para que la Corte Constitucional levante la suspensión del decreto de emergencia económica. De no ocurrir, el Ejecutivo anunció que expedirá un nuevo decreto que incluiría un impuesto al patrimonio como herramienta para enfrentar la coyuntura fiscal. El mensaje no solo marca un ultimátum político, sino que instala un debate de fondo sobre los límites del poder en estados de excepción y el costo económico de la crisis.
La suspensión temporal del decreto por parte del alto tribunal responde a su función de control constitucional automático. En Colombia, las emergencias económicas deben cumplir estrictos criterios de necesidad, proporcionalidad y conexidad con los hechos que las motivan. La Corte no legisla, pero sí examina si el Ejecutivo actuó dentro del marco constitucional. En ese contexto, la advertencia del Gobierno introduce un elemento de presión que algunos sectores interpretan como un pulso entre ramas del poder público.
Desde la Casa de Nariño, el argumento es claro: la coyuntura exige recursos inmediatos y herramientas ágiles. Si el decreto no se reactiva, el impuesto al patrimonio aparecería como mecanismo alterno para financiar las medidas necesarias. Se trata de una figura con antecedentes en el sistema tributario colombiano, usualmente aplicada de manera temporal y focalizada en contribuyentes con mayor capacidad económica. Sin embargo, su sola mención reaviva temores en el sector empresarial y en inversionistas sobre estabilidad jurídica y señales al mercado.
El debate no es meramente técnico. Un nuevo gravamen, incluso si es transitorio, tiene efectos directos en el clima de inversión, la planeación financiera de las empresas y la percepción de riesgo país. También abre una discusión sobre equidad fiscal: ¿debe la carga recaer en grandes patrimonios como respuesta solidaria ante la emergencia, o podría generar distorsiones que terminen afectando el crecimiento y el empleo?
En el plano institucional, la tensión plantea preguntas sobre el equilibrio de poderes. La Corte está llamada a decidir con independencia y rigor jurídico, sin atender plazos políticos. El Ejecutivo, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad económica y responder con rapidez ante una crisis. La línea entre la defensa de competencias y la presión indebida es delgada, y su manejo será determinante para la salud democrática.
Mientras el país espera la decisión del alto tribunal, el mensaje del Gobierno deja claro que no renuncia a nuevas herramientas fiscales. La posibilidad de un impuesto al patrimonio no es solo una carta en la mesa: es una señal de que el margen fiscal es estrecho y que las alternativas no están exentas de costos políticos y económicos.
El desenlace de este pulso marcará un precedente relevante. Si la Corte reactiva el decreto, se reforzará la tesis de la urgencia excepcional. Si mantiene la suspensión, el Ejecutivo deberá demostrar que cualquier nueva medida tributaria cumple los cauces legales y respeta el debate democrático. En cualquier escenario, lo que está en juego no es únicamente una herramienta fiscal, sino la forma en que Colombia gestiona sus crisis sin fracturar el equilibrio institucional ni afectar desproporcionadamente el bolsillo de los ciudadanos.
#CANAL CORDOBA
