Red de contrabando en puertos del Caribe salpica a excandidato al Senado y a exmiembros de la Policía
Un nuevo escándalo de corrupción sacude los controles aduaneros en Colombia. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez ordenara medida de aseguramiento contra un excandidato al Senado y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional de Colombia, señalados de integrar una estructura criminal dedicada a facilitar el ingreso ilegal de mercancías por los principales puertos del Caribe colombiano.
Entre los procesados se encuentra Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado, junto con el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros y los patrulleros retirados José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. De acuerdo con la investigación judicial, los implicados habrían conformado una red que operaba mediante sobornos y presiones internas para permitir el paso irregular de mercancía por terminales portuarias del país.
Las autoridades sostienen que la organización funcionaba como un engranaje que conectaba a comerciantes interesados en ingresar productos sin cumplir los requisitos aduaneros con funcionarios encargados de los controles en los puertos. En este esquema, los contenedores con mercancías como textiles, cigarrillos y artículos de bajo costo —conocidos comúnmente como cacharrería— podían circular sin ser detenidos en los procesos de inspección.
Según los investigadores, la red operaba principalmente en puertos estratégicos del Caribe como Cartagena y Barranquilla, dos de los principales puntos de entrada de mercancías al país. La organización presuntamente mantenía contacto con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para evitar controles y garantizar el paso de los productos de contrabando.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el sistema de pagos que, según la investigación, utilizaba la organización para asegurar la complicidad de funcionarios públicos. Los sobornos eran conocidos dentro de la red como “cachetadas”, y podían alcanzar cifras cercanas a los 300 millones de pesos mensuales, recursos que se distribuían para garantizar que los contenedores ingresaran al país sin inconvenientes.
Dentro de la estructura criminal, la Fiscalía sostiene que Gómez Castro habría desempeñado un papel clave como intermediario político y gestor de contactos. Según el expediente judicial, el excandidato habría sido el encargado de coordinar reuniones y acercamientos con funcionarios públicos y uniformados, con el fin de favorecer los intereses de la organización.
Además, las autoridades señalan que el implicado habría recibido beneficios económicos y logísticos, entre ellos préstamos y vehículos, que presuntamente habrían sido utilizados para respaldar actividades políticas. Este aspecto de la investigación plantea interrogantes sobre la posible conexión entre redes de contrabando y financiación irregular de campañas políticas.
Por su parte, el capitán retirado Salazar Piñeros, quien se desempeñó como jefe de la División Operativa de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, es señalado de haber utilizado su posición para influir en los controles internos de la institución. Según la Fiscalía, habría orientado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores sin la documentación correspondiente e incluso habría ordenado devolver mercancía que previamente había sido incautada por las autoridades.
Las investigaciones también indican que otros miembros del grupo se encargaban de recolectar dinero entre comerciantes interesados en ingresar productos de manera irregular, coordinar los pagos a funcionarios y ubicar los contenedores que debían evadir los controles aduaneros en los puertos.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. En algunos casos, además, se les atribuyen cargos adicionales como tráfico de influencias y abuso de funciones, delitos que podrían acarrear penas significativas si se demuestra su responsabilidad en el proceso judicial.
Los cinco procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia y deberán enfrentar el proceso privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía considera que la medida de aseguramiento es necesaria para evitar posibles obstrucciones a la justicia y garantizar la continuidad de la investigación.
Este caso vuelve a poner en evidencia la magnitud del contrabando como uno de los principales desafíos para la economía y la institucionalidad en Colombia. Más allá de las pérdidas fiscales que genera, la infiltración de redes criminales en entidades encargadas de la vigilancia aduanera representa un riesgo para la credibilidad de las instituciones y para el control del comercio exterior.
Mientras el proceso judicial avanza, las autoridades buscan determinar si existen más funcionarios o actores vinculados a esta red que durante años habría operado en los puertos del Caribe colombiano. El desenlace de esta investigación podría revelar hasta qué punto el contrabando logró tejer alianzas dentro de las estructuras encargadas de combatirlo.
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