El reciente rescate de cinco menores de edad y una joven en zona rural de Cartagena del Chairá pone en evidencia una de las realidades más dolorosas y persistentes del conflicto armado colombiano: la vulnerabilidad de la niñez frente a los grupos ilegales. La operación, ejecutada por el Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, fue calificada como “precisa y humanitaria” por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Sin embargo, más allá del éxito táctico, este episodio deja al descubierto una problemática estructural que sigue sin resolverse.
Los menores rescatados huían de disidencias armadas asociadas a la estructura ‘Rodrigo Cadete’, bajo el mando de alias “Calarcá”, una muestra de cómo las dinámicas del conflicto han mutado, pero no desaparecido. A pesar de los esfuerzos institucionales y los acuerdos de paz firmados en años recientes, estos grupos continúan operando en regiones apartadas, donde la presencia del Estado es débil y las oportunidades para los jóvenes son prácticamente inexistentes. En ese contexto, el reclutamiento forzado no solo persiste, sino que se convierte en una estrategia sistemática de supervivencia para estas organizaciones ilegales.
La operación de rescate, aunque exitosa, también evidencia el alto nivel de riesgo al que están expuestos estos menores. Permanecer durante días en la selva, bajo amenaza constante, refleja no solo la crudeza de su situación, sino también la ausencia de mecanismos eficaces de prevención. Es aquí donde surge una pregunta clave: ¿por qué el Estado sigue llegando tarde? Las acciones militares, aunque necesarias, son reactivas. El verdadero desafío radica en anticiparse, en garantizar condiciones sociales, educativas y económicas que impidan que los niños sean captados por estructuras criminales.
El anuncio del ministro sobre recompensas y ofensivas contra cabecillas como alias “Calarcá” refuerza la respuesta coercitiva del Estado, pero esta, por sí sola, resulta insuficiente. La historia reciente de Colombia ha demostrado que la captura o neutralización de líderes criminales no desmantela necesariamente las estructuras que los sostienen. Sin una intervención integral que combine seguridad con inversión social, justicia efectiva y presencia institucional, el ciclo de violencia tiende a reproducirse.
Además, este caso obliga a centrar la atención en las víctimas, no solo como cifras o resultados operacionales, sino como sujetos de derechos. Los menores rescatados requerirán atención psicológica, acompañamiento familiar y garantías de no repetición. De lo contrario, el riesgo de revictimización será alto, perpetuando el círculo de exclusión y violencia que los llevó a esa situación.
En conclusión, el rescate en Caquetá es una noticia que merece reconocimiento, pero también reflexión. Representa un triunfo puntual en medio de un problema estructural mucho más amplio. Colombia no puede conformarse con reaccionar ante las consecuencias del conflicto; debe actuar sobre sus causas. Proteger a la niñez no es solo una obligación moral, sino una condición indispensable para construir una paz duradera y real.
#CANAL CORDOBA
