Salario mínimo en disputa: Petro confronta la suspensión del decreto y ordena mantener el pago mientras se define el fondo jurídico
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno Nacional y los altos tribunales. En medio de la incertidumbre jurídica, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje contundente al empresariado: el pago correspondiente al salario mínimo vital decretado debe mantenerse en la próxima quincena, mientras se expide un decreto transitorio y el alto tribunal adopta una decisión de fondo.
El pronunciamiento presidencial no solo busca enviar una señal política, sino también contener el impacto inmediato que la suspensión podría generar sobre millones de trabajadores que ya han comenzado a recibir los $2.000.000 anunciados por el Ejecutivo. “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”, afirmó el mandatario, marcando una postura firme frente a lo que considera un derecho adquirido en ejecución.
El trasfondo jurídico es complejo. La suspensión provisional no implica la anulación definitiva del decreto, sino una medida cautelar mientras se estudia la legalidad del acto administrativo. Sin embargo, en términos prácticos, la decisión genera un vacío que afecta tanto a empleadores como a empleados: ¿debe aplicarse el aumento mientras se define el litigio o debe retrotraerse la situación al salario anterior?
Petro ha optado por una interpretación política y social del conflicto: privilegiar el ingreso de los trabajadores mientras se resuelve el debate jurídico. En esa línea, respaldó lo indicado por el magistrado Juan Camilo Morales respecto a la vigencia temporal del salario mínimo vital, y anunció que el Gobierno expedirá un decreto transitorio para mantenerlo activo hasta que el Consejo de Estado se pronuncie de manera definitiva.
La controversia no se limita al plano institucional. También abre una discusión económica de fondo. El mandatario dejó entrever que el incremento podría alcanzar el 23,7 %, lo que, según sus cálculos, justificaría el umbral de los $2.000.000. Esta cifra, de concretarse, marcaría uno de los aumentos más significativos en la historia reciente del país, con efectos directos sobre la inflación, la estructura de costos empresariales y la dinámica del empleo formal.
Desde el sector empresarial, el escenario es de cautela. La orden presidencial introduce un elemento de presión en medio de un contexto jurídico aún no resuelto. Cumplir con el pago conforme al decreto suspendido puede interpretarse como un acto de acatamiento a la directriz del Ejecutivo, pero también podría generar posteriores ajustes si la decisión final del Consejo de Estado modifica el panorama. La tensión entre seguridad jurídica y estabilidad social vuelve a ponerse en evidencia.
En paralelo, el Gobierno anunció que interpondrá recursos legales para que el Consejo de Estado aclare el alcance de la suspensión. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que se estudian acciones para precisar la decisión y defender la posición del Ejecutivo. El llamado del presidente a los trabajadores para que denuncien incumplimientos ante el Ministerio de Trabajo añade un componente de vigilancia activa, lo que anticipa un aumento en la supervisión y posibles sanciones.
Más allá de la coyuntura, el episodio revela una constante en la actual administración: la confrontación abierta en escenarios institucionales cuando están en juego decisiones de alto impacto social. El salario mínimo no es solo una cifra económica; es un símbolo político y un instrumento de redistribución que incide directamente en la calidad de vida de millones de hogares.
El desenlace dependerá de la decisión de fondo que adopte el Consejo de Estado y de la solidez jurídica de los recursos que presente el Gobierno. Entretanto, el país asiste a un pulso entre ramas del poder público en el que confluyen derecho administrativo, política económica y expectativas sociales.
En un contexto de desaceleración económica y presión inflacionaria, cualquier determinación sobre el salario mínimo tiene implicaciones estructurales. Lo que está en juego no es únicamente el monto de una nómina, sino la estabilidad jurídica, la confianza empresarial y la capacidad del Estado para armonizar decisiones sociales con el marco institucional. El debate apenas comienza, y su resolución marcará un precedente clave en la relación entre el Ejecutivo y la justicia administrativa.
#CANAL CORDOBA
