Emilio Tapia salió este viernes 11 de abril de prisión y desata polémica por libertad condicional en medio del anuncio de nueva paternidad con la representante cordobesa y prima del Gobernador de Córdoba, Saray Robayo Bechara.
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Emilio Tapia Aldana, uno de los rostros más representativos de la corrupción en Colombia en la última década, vuelve a caminar libre por las calles tras recibir el beneficio de la libertad condicional.
Su salida de prisión ha reabierto un debate nacional sobre la impunidad en casos de corrupción de alto perfil, especialmente cuando los protagonistas parecen salir sin manchas’ tras ser señalados de apropiarse de recursos públicos.
Tapia, recordado por su participación en el escándalo del “carrusel de la contratación” en Bogotá y por su papel en el caso Centros Poblados —un entramado que desvió millonarios recursos destinados a la conectividad en zonas rurales—, fue liberado por orden del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla. El fallo argumenta que el contratista mostró “buena conducta”, estudió, trabajó y tiene “arraigo familiar y social”, condiciones que, según la ley, le permiten acceder a este beneficio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) avaló la decisión, señalando que durante los 48 meses y 10 días que Tapia permaneció tras las rejas, no se registraron quejas relevantes en su contra. Sin embargo, para la opinión pública y muchos sectores ciudadanos, esta liberación representa una nueva burla a la justicia y una señal preocupante de la facilidad con la que los corruptos logran reinsertarse sin mayores consecuencias.
El escándalo no termina ahí. Poco después de conocerse la noticia de su excarcelación, trascendió que Saray Robayo, congresista por el partido de la Uy figura reconocida del poder regional en Córdoba, estaría esperando un hijo de Tapia. La revelación ha causado revuelo en círculos políticos y mediáticos, agregando un componente de farándula política a un hecho que debería centrarse en las implicaciones legales, éticas y sociales de premiar con beneficios penitenciarios a quienes han saqueado al Estado.
Mientras Tapia proclama estar listo para “reintegrarse a la sociedad”, el país observa con escepticismo. Para muchos, su liberación no representa una segunda oportunidad, sino la confirmación de que en Colombia la corrupción paga y en ocasiones, hasta se celebra.
