Secuestro de funcionaria en Suárez agrava la crisis de seguridad en el norte del Cauca
La situación de orden público en el norte del Cauca vuelve a encender las alarmas tras el secuestro de Adriana Ágredo, una joven funcionaria de la Defensa Civil que completa ya dos días en poder de un grupo armado ilegal en el municipio de Suárez. El hecho no solo ha generado profunda preocupación entre las autoridades y la comunidad, sino que se suma a una cadena de episodios violentos que reflejan el deterioro de la seguridad en esta región del suroccidente colombiano.
Ágredo, de 28 años, es madre cabeza de hogar de tres hijos y se desempeñaba como contratista de la Secretaría de Tránsito de Suárez. De acuerdo con información oficial, la mujer desapareció cuando se movilizaba desde Santander de Quilichao hacia la cabecera municipal, trayecto que diariamente recorren decenas de personas en medio de un contexto marcado por la presencia de actores armados ilegales y retenes clandestinos.
Las autoridades indicaron que la funcionaria habría sido interceptada en un retén ilegal atribuido al Frente Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc con fuerte influencia en esta zona del Cauca. Posteriormente, habría sido trasladada hacia un sector montañoso de la cordillera occidental, territorio donde esta estructura armada mantiene control y capacidad de maniobra, lo que dificulta las labores de rescate.
Ante la gravedad del caso, las autoridades locales activaron una misión humanitaria que se dirige hacia el sector de La Betulia, con el objetivo de establecer canales de comunicación y solicitar la liberación inmediata e incondicional de la funcionaria. Paralelamente, organismos departamentales y defensores de derechos humanos adelantan acompañamiento psicosocial y jurídico a la familia de Ágredo, que atraviesa horas de angustia e incertidumbre.
El secuestro ocurre en un momento especialmente crítico para el Cauca. En los últimos días, el asesinato de una docente en el norte del departamento y los recientes episodios de violencia en Argelia han vuelto a evidenciar la fragilidad del control estatal en amplias zonas rurales. Estos hechos refuerzan la percepción de que, pese a los anuncios de paz y diálogos, la población civil continúa siendo la más vulnerable en medio de la confrontación armada.
Organizaciones sociales y autoridades han reiterado el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida, la integridad y la misión humanitaria de quienes trabajan al servicio de las comunidades. En particular, han insistido en que el secuestro de una mujer joven, madre de familia y funcionaria pública constituye una grave violación al derecho internacional humanitario.
Mientras avanzan las gestiones humanitarias, la expectativa se centra en lograr la liberación de Adriana Ágredo sin que se presenten nuevos hechos de violencia. Su caso se convierte, una vez más, en un símbolo del impacto que el conflicto armado sigue teniendo sobre civiles indefensos y en un recordatorio urgente de la necesidad de medidas efectivas que garanticen seguridad, presencia institucional y protección real para las comunidades del Cauca.
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