Sin consenso en la mesa, el Gobierno alista decreto para definir el aumento del salario mínimo

Bogotá. La posibilidad de que el Gobierno Nacional defina el aumento del salario mínimo por decreto vuelve a situarse en el centro del debate económico y social del país, evidenciando, una vez más, las profundas diferencias entre empresarios, centrales obreras y el Ejecutivo. La falta de consensos en la mesa de concertación salarial abre el camino a una decisión unilateral que, aunque está contemplada en la ley, refleja las tensiones estructurales del modelo de diálogo social en Colombia.

Cada diciembre, la discusión del salario mínimo se convierte en uno de los principales termómetros de la economía nacional. De un lado, los sindicatos reclaman incrementos que compensen el impacto del costo de vida, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Del otro, los gremios empresariales advierten sobre los efectos que un aumento elevado podría tener en la generación de empleo, la informalidad y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Cuando estas posiciones se vuelven irreconciliables, el Gobierno queda habilitado para intervenir y fijar la cifra por decreto.

La eventual decisión del Ejecutivo no es un hecho aislado ni excepcional. En años recientes, la imposibilidad de alcanzar acuerdos ha llevado al Gobierno a asumir ese rol, amparado en el marco legal vigente. Sin embargo, cada vez que esto ocurre, se reactiva el debate sobre la efectividad real de la concertación tripartita y sobre si el mecanismo actual responde a las necesidades de una economía marcada por la desigualdad y la informalidad laboral.

Desde una perspectiva social, el salario mínimo no es solo un indicador económico, sino una variable que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de hogares. Para quienes devengan este ingreso, cualquier aumento representa un alivio parcial frente al alza constante de alimentos, servicios públicos, transporte y arriendo. En ese sentido, un ajuste definido por decreto suele ser leído por amplios sectores como una decisión política con alto contenido simbólico, especialmente cuando el Gobierno se presenta como defensor del poder adquisitivo de los trabajadores.

No obstante, el aumento del salario mínimo también tiene efectos colaterales que trascienden el ingreso básico. Multas, tarifas, cotizaciones y contratos indexados al salario mínimo se ven automáticamente afectados, lo que genera un impacto transversal en la economía. Por ello, los empresarios insisten en que la decisión debe ser técnicamente sustentada y gradual, para evitar presiones inflacionarias y efectos adversos sobre el empleo formal.

El anuncio de un posible decreto también deja ver un desgaste en el diálogo social. La mesa de concertación, concebida como un espacio para construir acuerdos equilibrados, termina siendo percibida por algunos actores como un trámite predecible que concluye sin consenso. Esta situación plantea interrogantes sobre la necesidad de revisar el modelo de negociación salarial y fortalecer mecanismos que permitan acuerdos más realistas y sostenibles.

En el plano político, la definición del salario mínimo por decreto coloca al Gobierno bajo una lupa pública aún mayor. La cifra que se establezca será interpretada como una señal de su orientación económica y social, y será utilizada tanto por defensores como por críticos para evaluar su gestión. En un país donde el salario mínimo sirve de referencia para amplios sectores, la decisión tendrá inevitablemente un impacto en el clima social y en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para equilibrar intereses.

En conclusión, la posibilidad de que el Gobierno defina el aumento del salario mínimo por decreto no es solo una decisión administrativa, sino un reflejo de las tensiones económicas, sociales y políticas que atraviesa el país. Mientras no se logren consensos sólidos entre los actores involucrados, el decreto seguirá siendo la salida legal, aunque no necesariamente la más deseable, para un debate que toca el núcleo mismo del bienestar de millones de colombianos.