Sin extorsiones no hay paz: el ultimátum de un alcalde que desnuda la realidad del conflicto en los territorios
El llamado del alcalde de Tierralta para que los grupos armados suspendan las extorsiones como condición mínima para avanzar en diálogos de paz no es una frase lanzada al aire ni un gesto retórico. Es, en esencia, una radiografía cruda de lo que ocurre en vastos territorios del país, donde la violencia ya no siempre se expresa con fusiles a la vista, sino a través del miedo cotidiano que imponen las llamadas “vacunas” sobre comerciantes, transportadores y familias enteras.
La declaración del mandatario local surge en un momento clave, cuando el Gobierno Nacional insiste en mantener abiertas las puertas del diálogo como vía para desescalar el conflicto armado. Sin embargo, desde los municipios más golpeados por la presencia de estructuras ilegales, el discurso de la paz suele chocar con una realidad incómoda: mientras se habla de reconciliación, la extorsión sigue siendo una práctica sistemática que asfixia la economía local y erosiona la confianza ciudadana.
En Tierralta, como en muchos municipios del sur de Córdoba y otras regiones del país, la extorsión no es un fenómeno aislado ni marginal. Se ha convertido en una forma de control territorial que afecta desde pequeños tenderos hasta grandes productores agropecuarios. Cada cobro ilegal representa una renuncia forzada al trabajo digno y un recordatorio constante de la fragilidad del Estado en zonas donde la autoridad se disputa día a día.
El pronunciamiento del alcalde pone sobre la mesa una discusión que con frecuencia se evita en los grandes escenarios políticos: ¿es posible hablar de paz mientras continúan las prácticas criminales que sostienen financieramente a los grupos armados? Para las comunidades, la respuesta suele ser clara. No puede haber reconciliación real si el miedo sigue dictando las reglas de la vida económica y social.
Desde una perspectiva periodística, el mensaje del mandatario local también revela el desgaste de los gobiernos municipales, que enfrentan de primera mano las consecuencias de la violencia sin contar siempre con las herramientas necesarias para combatirla. Al exigir el fin de las extorsiones como gesto previo a cualquier diálogo, el alcalde no solo interpela a los grupos armados, sino también al Estado central, al que implícitamente le reclama resultados concretos y no solo anuncios de procesos en curso.
El planteamiento, no obstante, abre un debate complejo. Algunos sectores consideran que exigir condiciones previas podría entorpecer los diálogos y cerrar espacios de negociación. Otros, en cambio, sostienen que permitir que la extorsión continúe mientras se conversa de paz equivale a legitimar una economía criminal que se disfraza de voluntad política. La línea entre pragmatismo y claudicación es delgada, y en ella se juega buena parte de la credibilidad de cualquier proceso.
Lo cierto es que la extorsión se ha consolidado como una de las violencias más persistentes y menos visibles del conflicto armado colombiano. No siempre deja titulares sangrientos, pero sí deja negocios cerrados, proyectos truncados y comunidades sometidas al silencio. En ese contexto, el llamado del alcalde de Tierralta adquiere un peso simbólico: es la voz de un territorio que reclama coherencia entre el discurso de paz y la realidad que se vive en las calles.
Más allá de si la exigencia es atendida o no, el mensaje deja una conclusión ineludible. La paz no puede medirse únicamente por la ausencia de enfrentamientos armados, sino por la desaparición de las prácticas que mantienen a la población bajo amenaza. Mientras la extorsión siga siendo parte del paisaje cotidiano, la paz seguirá siendo, para muchos municipios, una promesa lejana.
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