Solidaridad en campaña: entre la ayuda humanitaria y el pulso político por la tragedia
En medio de la emergencia invernal que golpea con fuerza al departamento de Córdoba, el anuncio del precandidato presidencial Roy Barreras sobre la llegada de ayudas humanitarias abre un debate inevitable sobre el papel de la política en tiempos de crisis. Centenares de hamacas, alimentos, agua y medicamentos —gestionados, según explicó, con el apoyo de empresas privadas— comenzarán a distribuirse entre las familias afectadas por las inundaciones. El gesto, sin duda, responde a una necesidad urgente. Pero también se produce en un contexto preelectoral que exige una mirada crítica y rigurosa.
Las imágenes que deja el invierno son contundentes: viviendas anegadas, cultivos arrasados, animales muertos y comunidades enteras desplazadas por el agua. La tragedia no distingue filiaciones políticas ni estratos sociales. En ese escenario, cualquier ayuda resulta necesaria. Barreras lo reconoció al afirmar que “toda ayuda es insuficiente” frente a una catástrofe que costará miles de millones de pesos en reconstrucción. La frase, más allá del impacto retórico, sintetiza una realidad fiscal y social que trasciende la coyuntura.
El precandidato destacó la articulación con el sector privado —Coca-Cola Femsa, Oxxo, Grupo Éxito y Cruz Verde— y llamó a fortalecer la solidaridad a través de la Pastoral Social y la Gobernación. Este punto resulta clave. La cooperación entre empresa privada, Estado y organizaciones sociales puede convertirse en un modelo eficaz de respuesta ante desastres naturales, especialmente en regiones donde la capacidad institucional es limitada. Sin embargo, esa articulación también debe blindarse de cualquier percepción de instrumentalización política.
En Colombia, la frontera entre gestión humanitaria y visibilidad electoral suele ser difusa. Cuando un actor político en campaña lidera o protagoniza la entrega de ayudas, surge la pregunta sobre la intencionalidad del acto. ¿Se trata exclusivamente de solidaridad o también de posicionamiento? La respuesta no necesariamente invalida la acción, pero sí obliga a exigir transparencia en los mecanismos de distribución y en la trazabilidad de los recursos.
El riesgo no radica en que un precandidato gestione apoyo —algo legítimo dentro de la dinámica democrática— sino en que la tragedia se convierta en escenario de competencia simbólica. En contextos de emergencia, la prioridad debe ser la eficiencia y la equidad en la entrega, no la rentabilidad política de la imagen. La ayuda humanitaria no puede transformarse en vitrina electoral.
Barreras insistió en que la tragedia demuestra que “no importan las diferencias sociales ni políticas” cuando el país enfrenta una crisis natural. El mensaje apunta a la unidad nacional, un discurso que suele cobrar fuerza en momentos de adversidad. No obstante, esa narrativa debe traducirse en coordinación efectiva con las autoridades competentes y en respeto por los protocolos institucionales de gestión del riesgo. La improvisación o la duplicidad de esfuerzos pueden terminar afectando a quienes se pretende ayudar.
El trasfondo de esta coyuntura es más profundo. La emergencia invernal en Córdoba no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia creciente de fenómenos climáticos extremos que exigen políticas estructurales de prevención, adaptación y mitigación. Las donaciones alivian el impacto inmediato, pero no sustituyen la inversión sostenida en infraestructura resiliente, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional.
Desde un enfoque periodístico, el deber es doble: reconocer la importancia de la solidaridad privada y, al mismo tiempo, vigilar que la ayuda no se convierta en herramienta de proselitismo. La democracia no se debilita cuando sus líderes gestionan apoyo para los damnificados; se debilita cuando la línea entre servicio y campaña se desdibuja.
La emergencia en Córdoba exige recursos millonarios, coordinación interinstitucional y un compromiso de largo plazo. En ese contexto, la participación del sector privado puede ser determinante, siempre que esté guiada por principios de transparencia y responsabilidad social. La tragedia no puede ser terreno fértil para disputas partidistas, pero tampoco puede escapar al escrutinio público.
Al final, la solidaridad auténtica se mide por su impacto, no por su exposición mediática. Si las hamacas, los alimentos y los medicamentos llegan a quienes los necesitan sin intermediaciones indebidas, la gestión será un aporte valioso. Pero la verdadera prueba estará en la reconstrucción sostenible de Córdoba, un proceso que requerirá algo más que gestos coyunturales: demandará políticas públicas consistentes, control ciudadano y un compromiso que trascienda el calendario electoral.
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