Tierralta exige blindar a la niñez como condición innegociable en diálogos de paz con el Clan del Golfo
Desde el sur de Córdoba, uno de los territorios históricamente más golpeados por el conflicto armado, se alza una advertencia clara y contundente: la paz no puede construirse si la niñez sigue siendo víctima de la guerra. Así lo expresó el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, al referirse a los diálogos que el Gobierno nacional adelanta con el Clan del Golfo, en los que la prohibición absoluta del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido planteada como una línea roja innegociable.
El mandatario local fue enfático al señalar que la protección de los menores no es un punto accesorio dentro de la agenda, sino el eje central que define la legitimidad del proceso. “El objetivo del proceso, el primer piso y el techo, tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, no con reclutamiento”, afirmó Contreras, dejando claro que cualquier avance en la mesa de conversaciones debe partir del respeto irrestricto por los derechos de la infancia.
La postura del alcalde no es retórica ni aislada. Tierralta ha sido durante décadas un escenario donde el conflicto se ensañó con la población más vulnerable, y donde el reclutamiento forzado truncó proyectos de vida, debilitó el tejido social y perpetuó ciclos de violencia. En ese contexto, la exigencia de blindar a los menores adquiere un peso moral, social y político que trasciende la coyuntura de las negociaciones.
Contreras subrayó que esta condición constituye una línea roja que no admite concesiones, al considerar que ningún proceso de paz puede justificarse si reproduce prácticas que violan de manera sistemática los derechos fundamentales de la niñez. Para las comunidades del sur de Córdoba, la promesa de paz solo será creíble si se traduce en garantías reales de que los niños no volverán a ser utilizados como instrumentos de guerra.
El alcalde también insistió en que el diálogo con el Clan del Golfo debe avanzar de forma paralela al desescalamiento del conflicto y a la ejecución de obras de transformación territorial. Según explicó, la protección de los menores no se logra únicamente con compromisos escritos, sino con la generación de oportunidades concretas en educación, empleo y desarrollo social que alejen a los jóvenes de la influencia de las estructuras armadas.
En ese sentido, la designación de Tierralta como una de las tres zonas de ubicación temporal para las negociaciones, que iniciarán formalmente el próximo 3 de marzo, reviste una enorme responsabilidad. Para las autoridades locales, este proceso no puede convertirse en un simple ejercicio político, sino en una oportunidad real para que la paz se materialice en beneficios tangibles para una juventud que ha crecido en medio de la guerra.
El llamado que surge desde Tierralta interpela directamente al Gobierno nacional y a los actores armados involucrados en el diálogo. La paz, advierten las autoridades locales, no puede medirse solo en silencios de fusiles o en acuerdos firmados, sino en la capacidad de proteger a quienes históricamente han pagado el precio más alto del conflicto.
En un país marcado por generaciones de niños reclutados, desplazados o asesinados, la exigencia de poner a la niñez en el centro de las negociaciones no es solo una demanda territorial, sino una prueba ética del rumbo que tomará este proceso. Para Tierralta y para amplios sectores de la sociedad, cualquier acuerdo que no garantice que los menores queden definitivamente fuera de la guerra será, sencillamente, una paz incompleta.
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