Tragedia minera en Guachetá reabre debate sobre la seguridad en socavones de carbón
La minería volvió a cobrar vidas en el altiplano cundiboyacense. Dos de los seis trabajadores que permanecían atrapados en una mina de carbón del municipio de Guachetá, en Cundinamarca, fueron hallados sin vida este viernes 6 de febrero, confirmando el peor desenlace de una emergencia que desde el primer momento evidenció los riesgos estructurales y operativos que persisten en el sector minero del país. El accidente ocurrió en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas, una zona donde la explotación de carbón es sustento económico, pero también una actividad marcada por la informalidad y el peligro constante.
De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la emergencia se habría originado por la acumulación de gases al interior del socavón, especialmente metano, situación que derivó en una explosión. El mandatario calificó el hecho como una “lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero”, subrayando el impacto humano y social que deja este tipo de tragedias en comunidades donde la minería es, muchas veces, la única opción laboral.
Desde el Puesto de Mando Unificado, instalado para coordinar la atención de la emergencia, las autoridades continúan con las labores de ventilación del socavón, una tarea clave para dispersar los gases y permitir el ingreso seguro de los equipos de rescate. Bomberos Cundinamarca confirmó que uno de los cuerpos ya fue recuperado y que se trabaja en la extracción del segundo, en medio de condiciones altamente complejas que retrasan las operaciones y aumentan el riesgo para los rescatistas.
Más allá del drama inmediato, el accidente vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las condiciones de seguridad en las minas de carbón, especialmente en explotaciones subterráneas de pequeña y mediana escala. La presencia de gases como el metano es un riesgo conocido y recurrente en este tipo de labores, lo que plantea interrogantes sobre los sistemas de ventilación, los controles técnicos y la supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes. Cada tragedia similar deja la sensación de que las lecciones no se aprenden con la urgencia que exige la protección de la vida de los trabajadores.
El gobernador Rey expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que la Gobernación, junto con las secretarías competentes y los organismos de gestión del riesgo, mantendrá presencia en la zona para brindar apoyo psicosocial e institucional. No obstante, el acompañamiento posterior, aunque necesario, no logra mitigar la sensación de abandono que muchas comunidades mineras manifiestan frente a un Estado que suele llegar después de la tragedia y no siempre antes para prevenirla.
Las identidades de los mineros fallecidos aún no han sido reveladas, mientras que los trabajadores atrapados fueron identificados como Iván Martínez, Arnold Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia. Sus nombres hoy representan a cientos de mineros que, día a día, descienden a los socavones conscientes del riesgo, pero obligados por la necesidad económica.
La tragedia de Guachetá no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que combina precariedad laboral, fallas en la seguridad industrial y una débil cultura de prevención. Mientras las autoridades avanzan en las labores de rescate y en la investigación de las causas, queda abierta una pregunta de fondo: ¿cuántas vidas más deben perderse para que la seguridad minera deje de ser una promesa y se convierta en una realidad efectiva en Colombia?
#CANAL CORDOBA
