Colombia bajo el agua: la emergencia invernal deja miles de damnificados y expone la fragilidad del país ante el clima
La temporada de lluvias que azota a Colombia desde finales de enero se ha convertido en una emergencia humanitaria de gran magnitud. Un fuerte frente frío ha provocado inundaciones, desbordamientos y pérdidas materiales en varias regiones del país, dejando al menos 68.000 personas damnificadas, según los balances preliminares. Entre los departamentos más golpeados se encuentra Córdoba, que concentra cerca de 27.000 afectados y enfrenta uno de los escenarios más críticos del Caribe colombiano.
La situación ha obligado a miles de familias a abandonar sus viviendas de manera apresurada para resguardarse en albergues temporales. En Montería, capital del departamento, el colegio José María Córdoba se ha transformado en refugio improvisado para cerca de 1.000 personas que lo perdieron todo o que no pueden regresar a sus casas por el ingreso del agua. Allí, la emergencia adquiere un rostro humano: colchonetas escasas, alimentos racionados y una creciente angustia por el futuro inmediato.
Más allá de la necesidad urgente de comida y abrigo, la principal preocupación de los damnificados es la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas y pertenencias. Muchos no saben si sus casas siguen en pie, si el agua destruyó los enseres o si el retorno será posible en el corto plazo. La escasez progresiva de ayudas humanitarias en los albergues pone en evidencia las limitaciones de la respuesta institucional frente a una crisis que se extiende y amenaza con agravarse.
El impacto de las lluvias ha sido igualmente devastador en el sector rural. Campesinos de distintas zonas reportan la pérdida de cultivos, animales ahogados y ganado atrapado por las crecientes. En algunos corregimientos, el nivel del agua alcanza el cuello de un adulto; en otros, las viviendas, corrales y establos quedaron completamente sumergidos. Para estas comunidades, la emergencia no solo implica una tragedia inmediata, sino también la pérdida de su sustento y un golpe directo a la seguridad alimentaria.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, reconoció la solidaridad que se ha activado entre regiones para atender a los damnificados, pero advirtió que la reacción no puede limitarse a la atención posterior al desastre. Alertó que el frente frío mantiene en riesgo a departamentos como Córdoba, Sucre, Santander, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, y que otras zonas del país podrían verse afectadas en los próximos meses si persisten las condiciones climáticas.
Sus declaraciones reabren un debate de fondo: la vulnerabilidad estructural del país frente a eventos climáticos previsibles. Marín insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas a mediano plazo, señalando que muchas de estas emergencias se repiten año tras año sin que existan soluciones definitivas. “Es clave atender la crisis actual, pero también anticiparnos a lo que podría ocurrir a mitad de año y más adelante”, advirtió.
La emergencia invernal deja al descubierto no solo el impacto del cambio climático, sino también las brechas históricas en planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo. Mientras miles de familias esperan ayuda en albergues y otras intentan salvar lo poco que queda en sus parcelas, el país enfrenta el desafío de ir más allá de la respuesta coyuntural y construir una estrategia que proteja la vida y los medios de subsistencia de las comunidades más vulnerables.
Por ahora, la lluvia no da tregua y la cifra de damnificados podría seguir aumentando. En medio del agua, la urgencia no es solo asistir, sino aprender de una tragedia que, aunque recurrente, sigue encontrando a Colombia insuficientemente preparada.
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