Vía Valencia–San Pedro de Urabá: 35 kilómetros de abandono que frenan el desarrollo regional
El corredor vial que conecta a Valencia con San Pedro de Urabá se ha convertido en símbolo del rezago en infraestructura que padecen amplias zonas rurales del país. Lo que debería ser un eje estratégico entre Córdoba y Antioquia hoy representa, para miles de habitantes, una ruta de incertidumbre marcada por el barro, los huecos y el deterioro progresivo.
Campesinos, transportadores, estudiantes y comerciantes coinciden en el diagnóstico: los 35 kilómetros de vía sin pavimentar dificultan la movilidad y encarecen la vida diaria. En temporada invernal, el panorama se agrava. Vehículos atascados, daños mecánicos frecuentes y retrasos en la entrega de productos agrícolas se vuelven parte de la rutina. “Cada invierno es peor”, resume un líder comunitario, al describir cómo la carretera puede dejar prácticamente aisladas a comunidades enteras.
Desde una perspectiva económica, el impacto es evidente. La región depende en buena medida de la producción agropecuaria, y la falta de una vía en condiciones adecuadas limita la comercialización oportuna de alimentos. Cuando el transporte se encarece o se retrasa, los productores asumen pérdidas que afectan directamente sus ingresos y, por extensión, la economía local. La precariedad vial también desincentiva la inversión y restringe el potencial logístico de una zona con vocación productiva.
Pero el problema trasciende lo económico. El acceso a servicios de salud y educación se ve comprometido cuando el traslado se convierte en una odisea. Pacientes que requieren atención médica urgente o estudiantes que deben desplazarse largas distancias enfrentan obstáculos que no deberían existir en un corredor interdepartamental. La vía, en ese sentido, no solo conecta territorios: conecta derechos.
Las comunidades del Urabá y el Alto Sinú denuncian un abandono histórico. Aseguran que han elevado solicitudes ante autoridades locales, departamentales y nacionales sin obtener soluciones estructurales. Mientras tanto, el deterioro avanza y la percepción de olvido institucional se profundiza.
La pavimentación total del tramo es la principal exigencia. No se trata únicamente de mejorar la comodidad del tránsito, sino de garantizar condiciones mínimas de seguridad y competitividad regional. En un país que busca cerrar brechas entre el campo y la ciudad, mantener en estado crítico una vía estratégica contradice cualquier discurso de desarrollo territorial.
El llamado de la comunidad es claro: la carretera Valencia–San Pedro de Urabá no puede seguir siendo una promesa postergada. Es una arteria que conecta dos departamentos, dinamiza economías rurales y sostiene la cotidianidad de cientos de familias. Resolver su situación no es un favor político, sino una obligación institucional con el progreso y la dignidad de la región.
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