Vigilancia sobre el Sinú: control fluvial entre la prevención y el desafío de una seguridad sostenida
El reciente operativo de control y vigilancia adelantado por la Policía Nacional sobre el río Sinú, en Montería, vuelve a poner en el centro del debate un tema que suele pasar inadvertido frente a la seguridad urbana tradicional: la importancia estratégica de los corredores fluviales como espacios de movilidad, economía y convivencia. Más allá del despliegue institucional, la intervención deja preguntas de fondo sobre la continuidad, el impacto real y la necesidad de una política integral de seguridad fluvial en la región.
El río Sinú no es solo un afluente emblemático para Córdoba; es una arteria viva que conecta comunidades, dinamiza actividades comerciales y sostiene un creciente flujo turístico. Precisamente por esa relevancia, se convierte también en un escenario vulnerable cuando la regulación es insuficiente o el control se diluye con el paso del tiempo. La presencia de la Policía en sectores como Santa Fe y Mocarí responde a una preocupación legítima: garantizar que la navegación se realice bajo condiciones mínimas de legalidad, seguridad y respeto por el entorno ambiental.
Durante el operativo, las autoridades verificaron documentación, condiciones técnicas de planchones artesanales y el cumplimiento de normas por parte de empresas de transporte fluvial y turístico. Este tipo de acciones, necesarias en cualquier sistema de control, buscan prevenir accidentes, reducir riesgos para los usuarios y enviar un mensaje claro de autoridad. Sin embargo, el verdadero alcance de estas medidas solo puede evaluarse si se mantienen de manera constante y no como respuestas esporádicas a coyunturas específicas.
Desde una mirada periodística, el énfasis no debe recaer únicamente en el procedimiento, sino en el contexto que lo motiva. Históricamente, los ríos en Colombia han sido espacios donde la presencia estatal es intermitente, lo que facilita prácticas informales, sobrecupo en embarcaciones y el deterioro ambiental. En ese sentido, el refuerzo de la vigilancia en el Sinú es una señal positiva, pero insuficiente si no va acompañada de educación ciudadana, inversión en infraestructura fluvial y articulación con las autoridades ambientales.
El componente pedagógico del operativo —la socialización de normas como la Ley 1242 de 2008 y el Decreto 1076 de 2015— resulta clave. La seguridad fluvial no puede depender únicamente de la coerción; requiere conciencia colectiva y corresponsabilidad. Tripulantes, operadores turísticos y usuarios deben comprender que el cumplimiento de la normativa no es una carga burocrática, sino una garantía de vida, sostenibilidad y orden.
No obstante, también surge un interrogante inevitable: ¿qué tan preparados están los entes territoriales para sostener este tipo de controles en el tiempo? La vigilancia fluvial exige recursos, personal especializado y coordinación interinstitucional. Sin estos elementos, el riesgo es que las acciones se diluyan y el río vuelva a convertirse en un espacio de informalidad, donde la seguridad depende más de la suerte que de la prevención.
En última instancia, el operativo en el río Sinú debe leerse como una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer la presencia institucional en un eje vital de Montería, para construir una cultura de navegación responsable y para integrar la seguridad fluvial a la agenda pública con la misma importancia que la seguridad terrestre. Porque cuidar el río no es solo una tarea policial: es una apuesta por la vida, la economía local y la identidad de una ciudad que creció a su orilla y que hoy exige que ese espacio sea seguro, ordenado y sostenible.
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