Violencia persistente: casi mil líderes sociales asesinados tras el acuerdo de paz evidencian fallas estructurales del Estado
El más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia deja al descubierto una realidad alarmante: desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, al menos 972 líderes sociales han sido asesinados. Lejos de consolidar un escenario de posconflicto, las cifras reflejan una persistente violencia que ha convertido al país en uno de los entornos más peligrosos del mundo para quienes defienden derechos fundamentales.
La advertencia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, no solo pone en evidencia la gravedad del fenómeno, sino que también cuestiona la efectividad de las políticas de protección implementadas en los últimos años. El promedio de casi 100 asesinatos anuales revela una crisis sostenida que no ha logrado ser contenida, a pesar de los compromisos adquiridos tras la firma del acuerdo de paz.
Uno de los aspectos más críticos del informe es la identificación de los principales responsables: más del 70% de los homicidios han sido atribuidos a actores armados no estatales. Este dato confirma que la salida de las FARC de amplios territorios no fue acompañada por una presencia estatal integral capaz de garantizar seguridad, justicia y desarrollo. En ese vacío, han emergido nuevas disputas por el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada y la trata de personas.
Desde una perspectiva periodística, este fenómeno evidencia una paradoja estructural: el fin de un conflicto armado con un actor dominante dio paso a una fragmentación de la violencia, donde múltiples grupos compiten por el control territorial. En este escenario, los líderes sociales —campesinos, indígenas y afrodescendientes— se convierten en blancos directos por su papel en la defensa del territorio y los derechos colectivos.
Las cifras del periodo reciente (2022-2025), con 410 homicidios documentados, refuerzan esta tendencia. El hecho de que una gran proporción de las víctimas pertenezca a comunidades rurales y étnicas subraya la desigualdad territorial en la protección de derechos. Estas poblaciones, históricamente marginadas, siguen enfrentando los mayores riesgos en contextos de débil institucionalidad.
A esto se suma otro factor determinante: la impunidad. La Organización de las Naciones Unidas señala que los altos niveles de falta de justicia y la corrupción contribuyen a perpetuar la violencia. Sin sanciones efectivas, los perpetradores encuentran incentivos para continuar con estas prácticas, debilitando aún más la confianza en el Estado.
El reciente bloqueo de acceso a organismos humanitarios por parte de estructuras armadas, como las disidencias vinculadas a alias “Iván Mordisco”, agrava el panorama. Esta situación no solo dificulta la verificación de violaciones de derechos humanos, sino que también limita la capacidad de respuesta institucional en las zonas más afectadas.
En conclusión, las cifras reveladas por la Organización de las Naciones Unidas evidencian que la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia no es un fenómeno aislado, sino el resultado de fallas estructurales en la implementación del posconflicto. La ausencia de una presencia estatal integral, la disputa por economías ilegales y la persistente impunidad configuran un escenario que exige respuestas urgentes. Sin garantías reales de protección, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos seguirá siendo una actividad de alto riesgo en el país.
#CANAL CORDOBA
