Zuleta deja la Presidencia de la Federación con un llamado a blindar la autonomía regional y reformar el modelo energético
Desde Montería, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, entregó la Presidencia de la Federación Nacional de Departamentos con un mensaje que trasciende el acto protocolario: no retroceder en la autonomía presupuestal y asumir reformas estructurales que permitan a las regiones enfrentar la crisis climática y la inequidad energética con herramientas reales.
En el marco de la Cumbre de Gobernadores, Zuleta defendió una gestión orientada a la descentralización efectiva de los recursos y al fortalecimiento institucional de los departamentos. Su discurso no se limitó al balance administrativo; planteó un debate político de fondo sobre el modelo de distribución fiscal en Colombia. “No podemos claudicar en la verdadera autonomía de las regiones”, afirmó, al advertir que los impuestos no deben concentrarse en el nivel central mientras los territorios enfrentan limitaciones para resolver problemas estructurales.
El planteamiento recoge una tensión histórica del modelo colombiano: la brecha entre recaudo central y ejecución territorial. Para Zuleta, la autonomía no es un concepto abstracto sino una condición para que departamentos como los del Caribe y el Pacífico —tradicionalmente rezagados— puedan cerrar brechas en infraestructura, servicios públicos y gestión del riesgo.
De la reacción a la prevención
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de cambiar el enfoque frente a fenómenos climáticos recurrentes. Inundaciones, sequías y erosión costera, dijo, no pueden seguir siendo atendidas únicamente con recursos de emergencia. “El Estado no puede seguir financiando emergencias; necesitamos soluciones estructurales”, enfatizó.
La afirmación adquiere especial relevancia en un departamento como Córdoba, golpeado de manera cíclica por el comportamiento de los ríos y la variabilidad climática. En ese contexto, el gobernador solicitó acompañamiento permanente de los organismos de control para garantizar transparencia en la atención y recuperación. La petición, dirigida a la Procuraduría y la Contraloría, busca blindar los procesos de cualquier uso indebido de recursos en medio de la urgencia social.
La propuesta apunta a un modelo de prevención que priorice obras de mitigación, planificación territorial y adaptación climática, en lugar de una lógica reactiva que repite ciclos de gasto sin transformar las causas del riesgo.
Energía cara en territorios productores
Otro punto de tensión abordado por Zuleta fue el modelo energético. El gobernador abrió el debate sobre la equidad territorial en el costo de la energía, señalando que departamentos productores continúan pagando tarifas elevadas pese a albergar infraestructura estratégica.
En Córdoba operan empresas como Urrá y Gecelca, actores clave en la generación eléctrica nacional. Sin embargo, según el mandatario, esa condición no se traduce en beneficios directos para los usuarios locales. La discusión plantea una pregunta estructural: ¿cómo distribuir de manera más equitativa los beneficios de la transición energética sin profundizar desigualdades regionales?
El llamado a una reforma de fondo en el esquema tarifario conecta con debates más amplios sobre justicia energética y descentralización fiscal. En un país que avanza hacia la transición energética, la legitimidad del modelo dependerá también de su capacidad para generar beneficios visibles en los territorios que soportan la infraestructura productiva.
Una agenda que trasciende el cargo
Al entregar la Presidencia de la Federación, Zuleta dejó delineadas tres banderas: autonomía regional, soluciones estructurales frente a la crisis climática y equidad energética. Más que consignas, se trata de ejes que buscan consolidarse como agenda nacional, con respaldo del Congreso y articulación interinstitucional.
La pregunta ahora es si la nueva presidencia de la Federación Nacional de Departamentos mantendrá el tono firme frente al Gobierno central o si el impulso descentralizador perderá fuerza en la dinámica política nacional.
En un escenario de creciente presión fiscal y retos climáticos cada vez más severos, la discusión sobre el papel de las regiones deja de ser periférica. Lo planteado en Montería sugiere que los departamentos no están dispuestos a limitarse a la ejecución de recursos, sino que aspiran a incidir en las reglas del juego.
La entrega del cargo, lejos de marcar un cierre, abre un capítulo de debate sobre el equilibrio entre centro y territorio, sobre la justicia en la distribución de la riqueza energética y sobre la capacidad del Estado para anticiparse a las crisis. El desafío será convertir esas consignas en reformas concretas que transformen la realidad de las regiones más vulnerables del país.
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