La tecnología como política social: el MinTIC y el desafío de convertir la conectividad en igualdad real
Hablar hoy de tecnología en Colombia ya no es un ejercicio futurista ni exclusivo de las grandes ciudades. Es, cada vez más, una discusión sobre equidad, desarrollo y presencia del Estado en los territorios históricamente relegados. En ese contexto, el balance presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre su gestión reciente pone sobre la mesa un debate clave: ¿está la tecnología logrando cerrar brechas o solo está cambiando la forma en que estas se manifiestan?
La ministra TIC ha insistido en que la conectividad debe entenderse como un derecho habilitante y no como un privilegio. Bajo esa premisa, el Gobierno ha impulsado inversiones significativas en infraestructura digital, formación en habilidades tecnológicas e innovación, con especial énfasis en regiones apartadas y comunidades vulnerables. El discurso oficial apunta a una transformación profunda del país a través de la digitalización, pero el análisis periodístico exige ir más allá de las cifras y evaluar el impacto real de estas políticas en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La expansión de redes de conectividad en zonas rurales y periféricas representa, sin duda, un avance histórico. Durante décadas, la falta de acceso a internet ha sido una barrera silenciosa que limitó oportunidades educativas, económicas y sociales. Llevar fibra óptica y soluciones tecnológicas a municipios olvidados no solo conecta territorios: conecta personas con el Estado, con el mercado y con el conocimiento. Sin embargo, la conectividad por sí sola no garantiza inclusión. Un punto de acceso a internet pierde valor si no viene acompañado de formación, apropiación y sostenibilidad.
En ese sentido, uno de los pilares más relevantes de la estrategia del MinTIC ha sido la capacitación masiva en habilidades digitales. Formar a niños, jóvenes, adultos y emprendedores en el uso de tecnologías básicas y avanzadas es una apuesta necesaria en un mercado laboral cada vez más competitivo y automatizado. La alfabetización digital se convierte así en una herramienta de movilidad social, especialmente para quienes históricamente han estado al margen de la economía formal.
No obstante, persisten desafíos estructurales que no pueden ignorarse. En muchos territorios, el acceso a dispositivos sigue siendo limitado, la calidad del servicio es inestable y la brecha entre lo urbano y lo rural continúa marcando diferencias profundas. Además, la falta de articulación con otros sectores —como educación, energía y empleo— puede diluir el impacto de las inversiones tecnológicas si estas no se integran a un proyecto de desarrollo territorial más amplio.
Desde una mirada crítica, también resulta indispensable evaluar la sostenibilidad de las políticas digitales. La tecnología avanza a un ritmo acelerado y exige actualización constante, mantenimiento de infraestructura y formación continua. Sin una planeación a largo plazo y sin mecanismos sólidos de seguimiento y control, existe el riesgo de que los avances actuales se conviertan en logros temporales, dependientes del ciclo político y presupuestal.
Otro aspecto central del debate es el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, dentro de la agenda pública. Su incorporación en políticas estatales abre oportunidades para mejorar la eficiencia, la transparencia y la prestación de servicios, pero también plantea interrogantes éticos y sociales. La inclusión digital no puede traducirse en nuevas formas de exclusión, vigilancia o precarización laboral. El reto del MinTIC no es solo tecnológico, sino profundamente humano.
Desde el periodismo, resulta clave reconocer que la apuesta del Gobierno por la tecnología tiene un potencial transformador real, pero también requiere vigilancia constante. La narrativa del progreso digital debe contrastarse con las voces de las comunidades, los resultados medibles en educación y empleo, y la capacidad institucional para sostener lo construido. La tecnología no es un fin en sí mismo; es un medio que solo cobra sentido cuando mejora las condiciones de vida de las personas.
En conclusión, la gestión del MinTIC plantea una visión ambiciosa: convertir la conectividad en una herramienta de justicia social. El camino está trazado, los recursos han comenzado a ejecutarse y los resultados iniciales son visibles. Ahora, el desafío es mayor: lograr que la tecnología no solo conecte cables y pantallas, sino que conecte oportunidades, derechos y futuro. Ahí es donde se jugará el verdadero impacto de esta política pública.
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