Heridos por pólvora en Colombia: una Navidad marcada por quemaduras que reavivan el llamado a la prevención
La temporada decembrina en Colombia cerró con cifras que repiten una dolorosa tradición: un número significativo de personas quemadas por pólvora, muchas de ellas niños y adolescentes, que fueron atendidas en distintos centros médicos del país. Aunque los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos son vistos por muchos como símbolos festivos de celebración, la realidad que presentan las cifras oficiales recuerda que detrás del destello y el estruendo hay cuerpos quemados, familias afectadas y un sistema de salud en alerta.
Según los reportes preliminares del Instituto Nacional de Salud (INS) y las autoridades sanitarias, durante la época navideña y de fin de año se registraron varios casos de lesiones por pólvora en diferentes departamentos. Estas quemaduras no solo implican dolor físico inmediato, sino también secuelas psicológicas, riesgos de amputaciones y complicaciones médicas que pueden perdurar mucho más allá de las fechas festivas. La pólvora, lejos de ser un entretenimiento inocuo, sigue cobrando víctimas que pierden la calma y la seguridad en cuestión de segundos.
Desde una mirada periodística, estas cifras no son un accidente inevitable de la temporada, sino el reflejo de una cultura festiva que no ha logrado internalizar los riesgos reales del manejo de artefactos pirotécnicos. Cada herido representa una historia que se suma a un patrón que, año tras año, pone en tensión la responsabilidad individual, la falta de educación preventiva y las limitaciones de las autoridades para hacer cumplir las normas existentes.
Las causas de estos accidentes son múltiples y no siempre simplificables. En muchos casos, los menores de edad manipulan explosivos o mechas sin la supervisión adecuada; en otros, adultos bajo el influjo de la costumbre o el alcohol subestiman los riesgos, creyendo que pueden controlar la potencia de los artefactos. El resultado, a menudo, es el mismo: lesiones en manos, rostro y extremidades; quemaduras de segundo y tercer grado; y, en situaciones graves, pérdida de dedos o visión.
La respuesta institucional ante estos hechos suele consistir en campañas de sensibilización, llamados a no utilizar pólvora y advertencias sobre sanciones para quienes vendan o manipulen ilegalmente estos productos. Sin embargo, la persistencia de los accidentes indica que las campañas no han sido suficientes ni lo suficientemente penetrantes en comunidades que siguen viendo en la pólvora un elemento indispensable de sus celebraciones.
Además, la temporada festiva pone a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Atención de urgencias, disponibilidad de camas, acceso a tratamientos especializados y soporte psicológico para las víctimas y sus familias son elementos que se tensionan cuando los hospitales reciben un número considerable de lesionados. En zonas rurales o municipios con infraestructura de salud limitada, la situación puede ser aún más crítica.
Desde una perspectiva social, los accidentes por pólvora también revelan desigualdades y brechas en la educación preventiva. Las comunidades con menor acceso a información segura sobre el uso de fuegos artificiales o con menos alternativas de entretenimiento seguro tienden a mostrar un mayor número de incidentes. Esto sugiere que no basta con advertir sobre los riesgos: es necesario construir alternativas culturales y recreativas que sustituyan la pólvora como centro de las celebraciones.
El debate sobre la prohibición total del uso de pólvora y artefactos pirotécnicos se reaviva cada diciembre, con voces que demandan regulaciones estrictas y sanciones severas. Sin embargo, otros sectores argumentan que la prohibición no es suficiente si no va acompañada de educación ciudadana, control efectivo y creación de espacios comunitarios para celebraciones seguras organizadas por las autoridades locales.
En definitiva, los hechos ocurridos durante esta Navidad no pueden verse como simples estadísticas aisladas. Cada quemado por pólvora es un recordatorio de que la festividad y la prevención pueden y deben coexistir. Lograr ese equilibrio implica un compromiso sostenido entre el Estado, las familias, las comunidades y los medios de comunicación que, como este, tienen el deber de visibilizar no solo el espectáculo de los fuegos artificiales, sino también el costo humano que pueden tener cuando la celebración se transforma en tragedia.
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