Asocolflores advierte riesgo de 150.000 empleos por el aumento del salario mínimo en Colombia: ¿una economía a contracorriente?
El reciente incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para el año 2026 ha desencadenado una fuerte reacción entre organizaciones empresariales y gremios productivos del país. Aunque la medida fue defendida por el presidente Gustavo Petro como un avance social para mejorar el ingreso de los trabajadores, sectores clave de la economía advierten ahora que podría poner en riesgo hasta 150.000 empleos, especialmente en industrias intensivas en mano de obra como la floricultura, según alertas gremiales recogidas por medios nacionales.
La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) ha sido una de las voces más contundentes en alertar sobre las posibles consecuencias laborales de un aumento salarial que, en términos nominales, supera ampliamente los niveles de inflación y productividad proyectados para 2026. Para un sector que compite en mercados internacionales y que genera empleo en regiones con altos índices de informalidad, los costos laborales adicionales podrían forzar ajustes en la plantilla o cambios en los esquemas de contratación.
La preocupación se replica en otros sectores productivos. Diferentes gremios económicos han manifestado que un aumento del salario mínimo del orden del 23,7 % —la cifra fijada por decreto— implica que el costo total de un trabajador formal para el empleador puede alcanzar cifras superiores a 2,7 o 3 millones de pesos mensuales cuando se incluyen prestaciones y cargas sociales. Para micro, pequeñas y medianas empresas, este panorama puede traducirse en reducciones de personal, menor generación de nuevos puestos de trabajo o un traslado parcial de costos hacia la informalidad laboral, advirtiendo que el empleo formal podría volverse más difícil de sostener. 
El argumento central de los críticos se basa en que cuando un incremento salarial supera ampliamente a la inflación —según datos oficiales alrededor de **3,6 % para 2026— y la productividad laboral —mucho menor en el promedio nacional—, los márgenes de muchas empresas se estrechan significativamente, comprometiendo su viabilidad operativa. Esto no solo afecta a grandes industrias, sino también a miles de pequeñas unidades productivas cuyo principal activo es el trabajo humano. 
Además, gremios como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fenalco y la Cámara Colombiana de la Infraestructura han señalado que un aumento abrupto puede tener efectos secundarios no deseados: presiones inflacionarias, encarecimiento de bienes y servicios, limitación del acceso al crédito, y tensión en las finanzas públicas si se considera el impacto en nóminas estatales. También critican que el incremento se haya adoptado por decreto sin un consenso técnico previo en la Comisión de Concertación, el mecanismo tripartito donde tradicionalmente se negocian estos ajustes. 
Para sectores como el de la floricultura —que exporta gran parte de su producción y emplea de forma directa e indirecta decenas de miles de trabajadores— las advertencias no son puramente teóricas: sus márgenes de rentabilidad son estrechos y dependen de competividad internacional y eficiencia operativa. El temor gremial es que ante la imposición de costos laborales más altos, se reduzcan los contratos formales, se intensifique la subcontratación informal o incluso se posterguen inversiones previstas para 2026.
No obstante, desde el Gobierno se sostiene que el aumento del salario mínimo es una herramienta para combatir la desigualdad y elevar el poder adquisitivo de millones de colombianos, entendiendo que este ingreso representa el piso legal más bajo permitido para quienes cumplen con las jornadas laborales establecidas por ley. Para quienes apoyan la medida, mejorar la capacidad de compra de los trabajadores también puede traducirse en mayores dinámicas de consumo interno y, potencialmente, en crecimiento económico.
El debate, por tanto, no solo gira en torno a cifras y porcentajes, sino en cómo equilibrar la protección de los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal en un contexto económico que ya enfrenta retos estructurales como la informalidad, bajos niveles de productividad y restricciones fiscales.
#CANAL CORDOBA
