Aranceles verdes: el giro de Petro que sacude la industria automotriz y reabre el debate económico
El anuncio del presidente Gustavo Petro de aumentar en un 40 % los aranceles a la importación de autos y motos que funcionan con hidrocarburos marca un punto de inflexión en la política industrial y ambiental de Colombia. La medida, presentada como un paso firme hacia la transición energética, no solo busca desincentivar el uso de vehículos de combustión interna, sino que pretende reconfigurar el modelo productivo del sector automotor, apostándole a la fabricación y el ensamblaje local de vehículos eléctricos.
Desde la narrativa oficial, el ajuste arancelario responde a una visión estratégica de largo plazo. Petro ha insistido en que Colombia no puede limitarse a ser un simple consumidor de tecnologías limpias importadas, sino que debe convertirse en productor y exportador de soluciones para la movilidad sostenible. En ese sentido, el incremento de los aranceles funcionaría como una barrera protectora para estimular la industria nacional, creando condiciones más favorables para que empresas locales y extranjeras inviertan en plantas de ensamblaje, fabricación de motores eléctricos, baterías y componentes clave.
Sin embargo, el impacto de la medida va mucho más allá del discurso ambiental. En el corto plazo, el aumento del 40 % encarece los vehículos de combustión importados, lo que podría traducirse en precios más altos para los consumidores, especialmente en un país donde el acceso al automóvil sigue siendo una aspiración de clase media y donde las motocicletas cumplen un papel esencial en la movilidad y el trabajo diario de millones de personas. Este efecto abre un debate legítimo sobre si la transición energética, planteada desde el arancel, puede profundizar brechas sociales si no se acompaña de incentivos claros y accesibles para la compra de vehículos eléctricos.
Desde una mirada periodística, la decisión del Gobierno también plantea interrogantes sobre la capacidad real del país para absorber este cambio. La infraestructura de recarga eléctrica sigue siendo limitada y concentrada en grandes ciudades, mientras que la industria local aún se encuentra en una etapa incipiente frente a gigantes internacionales del sector. Apostar por el ensamblaje y la producción nacional exige no solo protección arancelaria, sino inversión en investigación, formación de mano de obra calificada y estabilidad normativa que genere confianza a largo plazo.
Al mismo tiempo, el anuncio tiene una clara dimensión política. Petro envía un mensaje tanto al mercado como a la región: Colombia quiere alinearse con las tendencias globales de descarbonización y romper con la dependencia histórica de los combustibles fósiles. En un contexto internacional donde la transición energética avanza de manera desigual, la medida posiciona al país como un actor que busca anticiparse, aunque asumiendo riesgos económicos y sociales que no son menores.
El reto, entonces, no está únicamente en subir aranceles, sino en convertir esa decisión en una política integral. Si el aumento del 40 % se queda solo como un mecanismo de encarecimiento de lo importado, sin una oferta sólida de vehículos eléctricos asequibles, infraestructura adecuada y estímulos claros a la industria nacional, el efecto podría ser más simbólico que transformador. Por el contrario, si logra articularse con inversión, innovación y acceso para los ciudadanos, el anuncio de Petro podría convertirse en el punto de partida de una verdadera reconversión industrial y ambiental del país.
En ese equilibrio entre ambición verde y realidad económica se jugará el verdadero alcance de la medida. Más que un simple ajuste arancelario, el anuncio abre un debate profundo sobre el modelo de desarrollo que Colombia quiere construir en las próximas décadas y sobre quiénes asumirán los costos y quiénes recogerán los beneficios de la transición energética.
#CANAL CORDOBA
