Retenes, miedo y silencio: el secuestro de policías en Catatumbo que desnuda el control armado del territorio
El secuestro de cinco policías en la región del Catatumbo no es un hecho aislado ni fortuito. Es, más bien, una fotografía cruda del estado real del orden público en una de las zonas más golpeadas y abandonadas de Colombia. Ocurrió en una carretera, a plena luz del día, en un bus de servicio público, bajo un retén ilegal que operó con total tranquilidad. Ese detalle, aparentemente logístico, es en realidad el mensaje más grave del episodio: en Catatumbo, el control territorial sigue estando en manos de los grupos armados.
Los uniformados —que viajaban de civil, desarmados y en uso de permiso— fueron identificados tras la revisión de celulares, una práctica que se ha vuelto común en retenes ilegales y que evidencia un nivel de sofisticación y confianza por parte de los actores armados. No hubo enfrentamiento, no hubo persecución inmediata, no hubo disuasión. Hubo, en cambio, dominio absoluto del entorno, silencio impuesto y una carretera convertida en frontera invisible entre el Estado formal y el poder real.
Este secuestro vuelve a poner en evidencia una contradicción incómoda: mientras desde los centros de poder se insiste en avances institucionales, en los territorios persiste una realidad paralela donde la presencia estatal es frágil, intermitente o meramente simbólica. Que cinco policías puedan ser retenidos en tránsito, sin que exista una reacción inmediata capaz de impedirlo, revela fallas estructurales de inteligencia, control vial y protección del personal de la fuerza pública.
Pero el problema va más allá de la seguridad policial. Este hecho impacta directamente a la población civil. El mismo bus, los mismos pasajeros, la misma carretera: campesinos, comerciantes, estudiantes y familias que deben transitar rutas donde el azar decide si el viaje termina en destino o en una escena de terror. El secuestro de los policías es también una advertencia a la comunidad: nadie está completamente a salvo.
Catatumbo es hoy un territorio marcado por la disputa armada, el narcotráfico, el abandono histórico y la ausencia de oportunidades reales. En ese contexto, los retenes ilegales no solo son mecanismos de control militar, sino instrumentos de poder social: identifican, seleccionan, castigan y envían mensajes. El secuestro no busca únicamente retener a unos uniformados; busca demostrar fuerza, capacidad de inteligencia y control total del movimiento humano.
El silencio posterior —la falta de información clara sobre el paradero de los policías— profundiza la angustia y expone otra debilidad: la comunicación oficial suele llegar tarde, fragmentada y con escasos detalles, lo que abre espacio a la especulación y a la desconfianza ciudadana. En regiones como Catatumbo, la información no es un complemento de la seguridad: es parte esencial de ella.
Este caso obliga a replantear preguntas incómodas. ¿Cómo se protege a los miembros de la fuerza pública cuando están fuera de servicio en zonas de alto riesgo? ¿Qué tan real es la capacidad del Estado para garantizar movilidad segura en corredores estratégicos? ¿Cuánto control efectivo se ha cedido en nombre de estrategias que no logran traducirse en tranquilidad para la gente?
El secuestro de estos cinco policías no es solo una noticia judicial. Es un síntoma. Un recordatorio de que, mientras los grupos armados sigan instalando retenes sin oposición, el Estado seguirá llegando tarde. Y en Catatumbo, llegar tarde casi siempre significa llegar cuando el daño ya está hecho.
La pregunta de fondo no es únicamente cuándo regresarán los policías a casa, sino cuánto tiempo más una región entera deberá vivir bajo la ley del miedo, del silencio y de la carretera tomada.
#CANAL CORDOBA
