Contratación exprés en Invías: entre la urgencia vial y las sombras de la transparencia
La reciente polémica en torno a un contrato adjudicado de manera acelerada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha reabierto un debate estructural en Colombia: ¿hasta dónde puede llegar la urgencia administrativa sin comprometer la transparencia en el manejo de los recursos públicos? El caso, que involucra una millonaria contratación durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo genera cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, sino que también pone sobre la mesa un problema recurrente de confianza institucional.
Desde la versión oficial, la figura de la contratación exprés suele justificarse bajo escenarios de emergencia: vías colapsadas, riesgo para comunidades aisladas o la necesidad inmediata de restablecer la conectividad. En un país con una geografía compleja y un histórico rezago en infraestructura, estos argumentos no resultan ajenos ni carentes de lógica. Sin embargo, el periodismo tiene la obligación de ir más allá de la explicación formal y analizar el contexto, los tiempos, los actores involucrados y las condiciones en las que se toman estas decisiones.
El principal foco de cuestionamiento no está únicamente en la rapidez del proceso, sino en la percepción de selectividad. Cuando contratos de alto valor se adjudican en lapsos muy cortos, con escasa competencia visible y en momentos poco habituales —como festivos o cierres de año—, la sospecha pública se activa casi de manera automática. No se trata solo de si la ley fue cumplida al pie de la letra, sino de si se respetó el espíritu de la contratación pública: igualdad de oportunidades, publicidad suficiente y selección objetiva.
En este punto, el debate adquiere una dimensión política inevitable. El actual gobierno ha hecho de la lucha contra la corrupción y la transparencia uno de sus ejes discursivos centrales. Por ello, cada decisión administrativa de alto impacto es observada con lupa, especialmente cuando aparecen vínculos previos —reales o percibidos— entre contratistas y actores del poder político. Incluso si no existe una irregularidad comprobada, la cercanía simbólica erosiona el relato de cambio que el Ejecutivo ha buscado posicionar.
Desde una mirada periodística responsable, es clave evitar juicios sumarios. La contratación directa o acelerada no es, por definición, ilegal. Está contemplada en el marco normativo colombiano para atender situaciones excepcionales. El problema surge cuando estas excepciones parecen convertirse en regla o cuando la información pública disponible resulta insuficiente para disipar dudas razonables. La opacidad, más que el acto administrativo en sí, es lo que alimenta la desconfianza ciudadana.
También es necesario preguntarse por el rol de los organismos de control. Contratos de esta magnitud deberían activar mecanismos automáticos de vigilancia preventiva, auditorías tempranas y veeduría técnica independiente. En un escenario ideal, estas instancias no actúan como actores reactivos frente al escándalo mediático, sino como garantes permanentes de que la urgencia no se convierta en atajo para decisiones discrecionales.
El impacto de estos episodios va más allá del contrato puntual. Cada controversia de este tipo debilita la credibilidad de las instituciones encargadas de ejecutar obras fundamentales para el desarrollo regional. Comunidades que esperan carreteras, puentes o soluciones viales terminan atrapadas entre la necesidad real de infraestructura y la desconfianza hacia la forma en que se administran los recursos. En ese choque, el Estado pierde capital simbólico y la ciudadanía refuerza una percepción histórica de escepticismo frente a la gestión pública.
Finalmente, este caso deja una lección clara: la transparencia no es solo un requisito legal, sino un ejercicio de pedagogía pública. Explicar con detalle por qué se adjudica un contrato, bajo qué criterios técnicos, con qué controles y cuáles son los beneficios concretos para la población debería ser una práctica sistemática, no una respuesta defensiva ante la polémica. En tiempos de alta polarización política, la información clara y oportuna es el único antídoto eficaz contra la sospecha generalizada.
El contrato exprés de Invías, más allá de su desenlace jurídico o administrativo, se convierte así en un espejo de los desafíos que enfrenta el Estado colombiano: ejecutar rápido sin perder legitimidad, gobernar con eficacia sin sacrificar confianza y demostrar que el discurso de cambio se sostiene también en los detalles de la gestión diaria. Ese es el verdadero reto que hoy queda planteado ante la opinión pública.
#CANAL CORDOBA
