Juzgado niega frenar el salario mínimo de 2026 y respalda vigencia del decreto del Gobierno
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, una decisión que mantiene en firme el ingreso total de 2 millones de pesos establecido por el Ejecutivo.
La determinación judicial se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien actuó como apoderado del ciudadano Alexander Donado Rondón, en contra de la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda. En la acción se alegó una presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Gobierno habría excedido sus competencias al decretar el incremento salarial.
Según el escrito de tutela, el Ejecutivo fijó un aumento promedio del 23,7 % sin aplicar de manera estricta los criterios legales que rigen la determinación del salario mínimo, como la productividad, la inflación y la contribución de los salarios al ingreso nacional. La demanda advirtió que la decisión podría generar impactos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre el empleo formal y los trabajadores del sector informal.
El incremento decretado dejó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, cifras que han generado un amplio debate público entre sectores empresariales, sindicales y académicos. Mientras el Gobierno ha defendido la medida como un mecanismo para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, críticos de la decisión han advertido sobre los posibles efectos en los costos laborales y la sostenibilidad empresarial.
No obstante, el juzgado concluyó que en este caso no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, ni se demostró la urgencia necesaria para ordenar la suspensión provisional del decreto. En su análisis, el despacho señaló que ni en la tutela ni en los documentos anexos se evidenciaron afectaciones concretas, actuales e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la adopción de una medida cautelar de ese alcance.
La decisión judicial no entra a evaluar de fondo la legalidad del decreto, pero sí reafirma que, en esta etapa, no existen elementos suficientes para suspender sus efectos, lo que permite al Gobierno continuar con la implementación de la política salarial para 2026. El proceso de tutela, sin embargo, sigue su curso y podría dar lugar a nuevas decisiones en instancias posteriores.
Este fallo se suma a un escenario de tensión jurídica y política alrededor del salario mínimo, en un contexto en el que el Ejecutivo ha optado reiteradamente por fijarlo por decreto ante la falta de consensos en la mesa de concertación. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la estabilidad del empleo continúa abierto, con implicaciones directas para la economía y el mercado laboral colombiano en 2026.
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